El secretario de Estado de Defensa, Constantino Méndez, dejó bien claro durante su visita a La Isla el pasado jueves dos cuestiones vinculadas a la ciudad: que cualquier negociación para el desarrollo del suelo de los polvorines de Fadricas quedará postergada a la resolución de la vía judicial emprendida contra la reserva de suelo -es "lícito" que se recurra a esta alternativa, dijo-; y, por otro lado, que hay una voluntad política firme del Gobierno central y de la Junta de Andalucía para avanzar en el uso compartido del hospital de San Carlos, un proceso de negociación que, sin embargo, carece de plazos y fechas.

Lógicamente, el Gobierno municipal andalucista no permaneció impasible ante estas declaraciones, realizadas justo cuando se acaba de conocer la tercera resolución judicial favorable al Ayuntamiento en el tema de la reserva de suelo de Punta Cantera, cuya legalidad y correcta actuación queda garantizada por una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Cádiz.

El alcalde, Manuel de Bernardo, aludió al escrito remitido por la directora general de Infraestructura del Ministerio de Defensa, Mónica Melle, el pasado 6 de mayo en el que condicionaba la creación de una comisión de trabajo con el Ayuntamiento para coordinar los criterios de ordenación de los terrenos de Fábrica de San Carlos -afectados por la línea de seguridad militar- a la retirada de la reserva de suelo de los polvorines. "Un procedimiento -recordó el regidor- cuya legalidad ha sido confirmada ya por tres resoluciones judiciales".

"Esperábamos que el secretario de Estado de Defensa pidiera disculpas", dijo el alcalde, que señaló también que el Ayuntamiento ha entendido el acto de la directora de Infraestructura del Ministerio como "un chantaje administrativo, fraude de ley y una patente desviación de poder". Por eso, afirmó, el pasado mes de junio se presentó un recurso contra la citada carta, solicitando a la ministra de Defensa, Carme Chacón, que declarara nula la notificación recibida en el Ayuntamiento, levantara el condicionamiento contenido en la misma y emitiera de manera urgente el informe favorable por parte del Ministerio de Defensa en relación a la modificación puntual y al Plan Especial de Reforma Interior del ámbito de FSC.

"Hay dos sentencias de los polvorines que afirman que existe una sólida fundamentación que acredita inequívocamente que es el bien común el que justifica la actuación" del Ayuntamiento", insistió De Bernardo. "Tanto los representantes del Ministerio de Defensa como el portavoz del PSOE isleño, el señor López Gil, se están quedando sin argumentos para seguir frenando el futuro desarrollo de los suelos de Punta Cantera y por tanto el futuro de la ciudad de San Fernando", insistió.

El regidor se refirió ayer también a otros terrenos incluidos en el protocolo de desafectación que el Ministerio de Defensa firmó con el Ayuntamiento en 2002, un acuerdo para la liberación de terrenos sin uso militar que, hasta el momento, no se ha cumplido ni en un metro cuadrado de suelo. Concretamente, De Bernardo aludía a los 340.000 metros cuadrados de suelo del acuartelamiento de Camposoto comprometidos, una superficie que no es objeto de controversia judicial y que permitiría la puesta en marcha de una instalación hotelera en las proximidades del Parque Natural y de la playa de Camposoto.

"Defensa y el Gobierno central saben que nuestra ciudad respeta el entorno natural y sabemos que esta instalación hotelera es viable y, aún hoy en tiempos de crisis, cuenta con inversores interesados en la actuación".

El Ayuntamiento ha mostrado su malestar por no haber sido invitado a la firma del convenio del Observatorio de Marina, que ha considerado un agravio y una falta de respeto institucional.