La subida de la tasa del agua aplicada por el Consorcio de la Zona Gaditana no se notará al final en el recibo. El gobierno municipal confirmó ayer su firme intención de evitar que dicho incremento revierta directamente en el bolsillo de los ciudadanos, como en un primer momento se había sopesado. Así que, siguiendo el camino emprendido por otros municipios, será el propio Ayuntamiento el que afronte el coste de esta subida, que según el consumo medio de años anteriores se cifra en unos 150.000 euros anuales.

La adopción de esta medida, anunciada ayer por el concejal de Presidencia, Desarrollo Económico y Gestión Presupuestaria, Conrado Rodríguez, aleja el temor a una drástica subida del recibo del agua que se habían extendido después de que la semana pasada trascendiera este incremento de la tasa que se aprobó en el pasado mes de julio para los ayuntamientos integrados en el Consorcio.

La subida -explicó Rodríguez- hubiese supuesto una media de seis euros anuales para una familia con una facturación común. Aún así, el gobierno municipal ha querido ahorrarse la aplicación de esta impopular subida que hubiese incrementado además la presión fiscal que soportan los ciudadanos.

Eso sí, el responsable municipal de Gestión Presupuestaria defendió la necesidad de acometer este incremento de la tasa de agua en alta que aplicará el Consorcio -y que asumirá el Ayuntamiento- puesto que permitirá la puesta en marcha de obras de mejora e importantes inversiones que se esperan desde hace años. Entre ellas, una que repercutirá directamente en La Isla: la intervención para la renovación de la red principal que está pendiente en la zona de Tres Caminos, causa de frecuentes interrupciones del suministro y de habituales problemas de desabastecimiento. Allí -recordó- se planea llevar a cabo en 2017 una inversión cercana al millón de euros que ya ha sido aprobada.

Para hacer frente a estos 150.000 euros que supondrá la subida del agua se incluirá una partida en los próximos presupuestos. Eso significa que, efectivamente, el coste no repercutirá directamente en el recibo pero sí tendrá que detraerse de otras partidas, obras o inversiones cuya ejecución se planeaba para 2017.

A la tasa del agua, eso sí, se aplicará necesariamente en la revisión de las ordenanzas fiscales la subida anual del 3,25% pactada por contrato, un incremento inevitable pero similar al que se ha aplicado sin excepción en los últimos años. De ahí que el equipo de gobierno haya también mostrado su sorpresa ante las críticas lanzadas esta semana por el PP, que denunciaba una subida que iba a rondar el 7%.