Coronavirus

La sanidad privada denuncia que 2.400 clínicas "agonizan" por la "falta de previsión" del Gobierno

  • El presidente de ASPE, Carlos Rus, pide "una fórmula homogénea" al Ejecutivo basada en modelos como los de Francia, Alemania o Reino Unido

  • Tras el fin del estado de alarma "estamos abocados a 17 negociaciones con las comunidades"

Fachada de una clínica privada en Cádiz. Fachada de una clínica privada en Cádiz.

Fachada de una clínica privada en Cádiz. / D.C.

Desde el pasado mes de marzo la sanidad privada va, de la mano de la pública, a la vanguardia en la lucha contra el coronavirus. Los centros de todo el país se pusieron a disposición del Estado para colaborar en la batalla contra el virus, aportando soluciones a un sistema sanitario entonces desbordado por la pandemia. 

Ahora la petición de ayuda viene del otro lado, pues 2.400 clínicas privadas, en las que desempeñan su labor unos 60.000 profesionales, "agonizan" por la "falta de previsión" del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Así lo afirma el presidente de la Alianza de Sanidad Privada Española (ASPE), Carlos Rus, que solicita al Gobierno "una fórmula homogénea" que siente las bases de la colaboración entre las entidades públicas y privadas ante la amenaza de una segunda oleada del virus que puede ser mortal de necesidad para el sector. "Ya la situación es complicada, pero si viene un nuevo confinamiento muchas clínicas pueden desaparecer", subraya. 

Desde que el Gobierno asumió el mando único sanitario el pasado 14 de marzo, muchos centros privados tuvieron que cesar toda actividad no urgente para centrarse en los casos de SARS-CoV-2, incluidas las clínicas de zonas con escasa incidencia del virus. Así, mientras en ciudades como Madrid o Barcelona se triplicaba la actividad, "otras muchas zonas se vieron obligadas a disponer de todo su personal con las clínicas vacías". Además, al tratarse de un servicio esencial no pudieron acogerse a ERTE, una circunstancia que unida a la pérdida de ingresos ha puesto en riesgo la supervivencia de más de 2.400 centros en toda España. 

Por otro lado, tras la caída del mando único y el fin del estado de alarma, el Gobierno ha delegado la negociación público-privada en cada una de las comunidades autónomas, por lo que "nos vemos abocados a 17 negociaciones", cada una con sus propias peculiaridades. 

El impacto en la facturación en el sector privado desde el inicio de la pandemia varía en función de cada comunidad autónoma. Así, Murcia, La Rioja, Cantabria y Asturias son las que han sufrido un mayor descenso. Por el contrario, Madrid, Castilla y León y Cataluña han sido las zonas que se han visto menos afectadas. Los centros sin internamiento han descendido su facturación más de un 85% de media y los centros hospitalarios más de un 60% respecto al periodo anterior al virus. "Esta falta de homogeneidad hace prácticamente imposible la planificación y optimización de recursos para luchar contra la pandemia y para garantizar la rentabilidad de un sector que supone el 3,4% del PIB nacional y emplea a 266.000 profesionales de alto valor", explica ASPE en un comunicado.

El modelo europeo

La Alianza de Sanidad Privada Española pide soluciones al Gobierno con unas tarifas "razonables y homogéneas" y pone como ejemplos los modelos adoptados en Francia, Alemania y Reino Unido, que priman la salud de la población y la compensación a las empresas para garantizar un servicio adecuado y el mantenimiento de un sector estratégico y de alto valor añadido. En España actualmente la legislación varía en función de la comunidad y no existe unanimidad a la hora de fijar criterios ni de salud ni económicos para utilizar todo el potencial del sector privado en la lucha contra la pandemia. 

En Alemania, en cambio, en Consejo General ha aprobado dos paquetes legislativos. Por un lado, la ‘Ley de ayuda hospitalaria Covid-19 para compensar las consecuencias económicas de los hospitales y los médicos contratados.  Por otro lado, la ‘Ley para la protección de la población en una situación de epidemia de importancia nacional’ para mejorar la capacidad de respuesta a las epidemias. Ambas iniciativas han sido coordinadas por el Gobierno federal.

La ‘Ley de ayuda hospitalaria’ tiene dos vertientes: primero, la salud de la ciudadanía alemana al poner a su disposición toda la red de centros médicos, tanto públicos como privados, sin que tengan que pensar en el coste de los tratamientos. Esto garantiza la mejor cobertura a la población anteponiendo el freno a la pandemia y la rápida recuperación de sus efectos antes que cualquier otra consideración.

Por otro lado, y entre otras muchas ayudas, los hospitales recibirán una compensación financiera por operaciones y tratamientos reprogramados para liberar capacidad para tratar pacientes con infección por coronavirus; una bonificación de 50.000 euros por cada cama de cuidados intensivos que creen; para equipos de protección personal, los hospitales recibirán un suplemento de 50 euros por paciente y un largo etcétera de ayudas económicas y simplificación de trámites para poner como foco principal de la acción de todo el ámbito sanitario germánico el fin de la pandemia. Estas medidas han sido tomadas por el Gobierno central y son de obligado cumplimiento en todo el ámbito nacional.

En el Reino Unido el Gobierno tramitó una ley de emergencia para lograr una amplia flexibilidad de personal y regulación en lo que respecta al sector de la salud y la asistencia social. Gracias a esta legislación, se ha otorgado a la sanidad privada financiación adicional para cubrir los costos adicionales provocados por la respuesta al coronavirus. El Gobierno sentó las bases de la colaboración público-privada en el mismo momento en el que decidió atajar la pandemia y acordó que los recursos adicionales que requiera su sistema nacional de salud serán entregados y compensados de manera inmediata.

Por lo tanto, el Gobierno garantizó para todo el país, esto es Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte, que las restricciones financieras no obstaculizarían la adopción de medidas urgentes y necesarias, ya sea en términos de personal, adaptación de instalaciones, equipos, paquetes de alta de pacientes, capacitación del personal, atención electiva o cualquier otra categoría relevante. Para conseguirlo, el Reino Unido ha aprobado un listado de servicios y sus tarifas y ha adelantado un pago a cuenta a todos sus proveedores para garantizar la salud de su ciudadanía y mantener la estabilidad, sostenibilidad y futuro de su sector sanitario.

Finalmente Francia ha apoyado económicamente a todos los establecimientos de salud del sector tanto público como privado. El día 10 de cada mes, el seguro social ingresaba a las empresas privadas de salud un porcentaje de lo facturado en el mismo periodo del año anterior. Además, el país vecino abona una tarifa adicional por cada paciente hospitalizado con Covid-19. Este sistema de pagos sobre los ingresos del año anterior también se aplica a los salarios de los médicos privados. Además, de cara a una eventual segunda ola de la pandemia, el objetivo es contar con toda la fuerza laboral con apoyo financiero público. Con estas medidas, el sector privado está protegido sobre la misma base que el sector público.

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