Tres días después de que la Junta de Andalucía requiriera al Hospital Blanca Paloma la retirada de la sonda nasogástrica a la paciente Ramona Estévez, de 90 años de edad, el obispo de la Diócesis, José Vilaplana, ha publicado un escrito en el que define la decisión tomada como "un acto de eutanasia" ya que "toda acción dirigida a interrumpir la alimentación o la hidratación constituye un acto de eutanasia, en el que la muerte se produce no por la enfermedad, sino por la sed y el hambre provocada". El prelado de la Diócesis añade que "al constatar que algunos presentan el caso como un acto de humanidad y de liberación, quiero recordar que el único deber que tiene la sociedad, en relación a la enferma, es ayudarla a vivir. La vida no es algo de usar y tirar. La dignidad de la vida humana no puede venir ligada al estado de conciencia o de inconsciencia del enfermo". Asimismo, monseñor Vilaplana rompe una lanza en favor de la objeción de conciencia de los facultativos: "No es deber de un médico suspender a alimentación y la hidratación a una persona que se encuentra en un coma vegetativo, enfermedad crónica que no será la causa de la muerte. Ante esto, es necesario reconocer el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios". Su escrito concluye recordando a Benedicto XVI que, como "tantas veces ha repetido", la muerte buscada o inducida "no es la respuesta al drama del sufrimiento".

En la mañana de ayer, el representante en Huelva de la asociación Derecho a Vivir (DAV), Eduardo Gómez Pirlich, cumplía lo prometido un día antes: acudir a la Audiencia para que, a través de una orden judicial, se restableciera la alimentación por sonda nasogástrica de la paciente ingresada en el Blanca Paloma.

En la denuncia presentada en el juzgado de guardia, DAV argumenta que "la alimentación e hidratación de un paciente no pueden ser consideradas como intervención médica, ni mucho menos como obstinación terapéutica" además de que entiende que "el tiempo transcurrido tras el infarto cerebral sufrido por Ramona Estévez es insuficiente para determinar la irreversibilidad de los daños ocasionados por este hecho". Tras invocar el artículo 15 de la Constitución, la denuncia sostiene que la "Consejería de Salud podría haber cometido el delito de omisión del deber de socorro establecido en el artículo 195 del Código Penal, que tipifica el no socorrer a una persona desamparada y en peligro grave".

La solicitud al juzgado, por lo tanto, se centra en ese restablecimiento -a través de la medida cautelar- de la sonda "de manera que se vuelva a alimentar con normalidad a la paciente, con el objeto de evitar su muerte inminente y preservar así el derecho a la vida" y en que el juzgado investigue "los hechos descritos, procediendo a iniciar un procedimiento penal contra la consejera de Salud y cuantos pudieran haberse visto involucrados en los citados hechos".

Gómez Pirlich confiaba en que desde el juzgado se tomaran rápidas medidas cautelares en favor del restablecimiento de la alimentación. Ante los medios de comunicación, Gómez Pirlich indicó que DAV no se opone a la denuncia sobre los ensañamientos terapéuticos, pero que el caso de Ramona Estévez puede llegar a ser un delito pues "es quitarle un medio ordinario de subsistencia como es la alimentación" y tiene claro que "morir deshidratado y desnutrido es un horror".

La denuncia presentada ayer confirma además, el interés de Derecho a Vivir, ya anunciado por su presidenta nacional, de llevar las responsabilidades de la decisión de la suspensión de la alimentación a la paciente onubense hasta la principal responsable de la Consejería de Salud.

El delegado en Huelva de DAV explicó que "en Andalucía nos encontramos en el primer paso de un proceso que empieza por el testamento vital, luego sigue con la eutanasia pasiva, el suicidio asistido y acaba con la eutanasia involuntaria que es lo que ya se está haciendo en Holanda".

Eduardo Gómez Pirlich añadió que casos como el de Ramona Estévez deben quedar en manos de los médicos que los pueden tratar a través de su código deontológico y consideró un grave error que la vida de las personas quede en manos de los políticos: "La legislación no puede opinar sobre si mi vida es digna de vivirla o no" y apuntó que "lo que se ha hecho con Ramona Estévez no se trata siquiera de un acto médico ya que la alimentación así como la higiene y el oxígeno son medios ordinarios de subsistencia".