El médico español formado en la década de los 80 interiorizaba humanismo, teoría y práctica científica inoculadas por médicos maestros antiguos, con gran formación humanista. Algunos de estos eran auténticos señores feudales en cátedras ganadas con esfuerzo tras oposiciones de las de antes, duras, estatales, algo endogámicas y clasistas. Ejercían jerarquía técnica y orgánica con distante elitismo. Sin internet ni medicina basada en pruebas se imponía el hermetismo en el acceso al saber. Pero en la universidad ya había aires de renovación.

Multitud de 'ciudades sanitarias' aparecieron por todo el territorio español para dar respuesta asistencial al Seguro Obligatorio de Enfermedad franquista. Se llenaron de buenos médicos muy 'asistenciales', contrapunto a los más 'científicos' de los hospitales universitarios. Las ideas nacidas en Alma Ata ponían en valor la asistencia primaria, la equidad y accesibilidad universal a los servicios de Salud. El aspirante a médico asimilaba así una vocación de servicio permanente, universal y gratuito.

El sistema de oposiciones MIR eliminó el enchufismo de los "hijos de", tan frecuente en las elitistas escuelas profesionales, premiando el esfuerzo para acceder a la especialidad. Luego, todo médico aspiraban a la estabilidad laboral y al desarrollo profesional, opciones inciertas en el ejercicio privado y liberal de la profesión. La sagrada misión del médico no se le podía negar a nadie por razón económica. El médico no era un trabajador más que aspirara a desarrollar su vida individual y familiar, con sus necesidades legítimas a subvertir por la sociedad. El servicio sanitario público debía ser la prioridad.

El SNS siguió la deriva perversa de dividirse en taifas. Se gestan políticas de salud pública en administraciones atomizadas, burocráticas y voraces. Ideología y política condicionan el desarrollo de los profesionales sanitarios. A largos periodos sin convocatoria de plazas por oposición se une la ocupación de dichas plazas por bolsas de precariado profesional. Jefes de servicio y de sección son nombrados en procesos de selección condicionados y amañados por el poder político que despojan al cargo intermedio de prestigio profesional. Es visto como un delegado del poder sin méritos auténticos, aunque existan realmente. La perversidad del sistema de nombramientos prioriza afinidades políticas antes que méritos académicos, haciendo penosa la pérdida de profesionales brillantes cercenados en su desarrollo.

Infinidad de soberbios burócratas enchufados se focalizan en si mismos y sus carreras. Aunque lo pregonen, el Paciente no es el centro del sistema.

El desarrollo social y económico crece paralelo a la exigencia de la población de asistencia personalizada con libre elección de sistema público o privado y dentro de ellos de profesional o centro sanitario en el que ha de ser atendido. Hoy por hoy, esa exigencia solo se atiende de manera real en el ámbito de la asistencia sanitaria privada si se tiene suficiente poder económico. Algunas Comunidades Autónomas dicen tener reconocido el derecho a la libre elección de médico, enfermero o centro sanitario solo porque existe un reglamento o ley que lo reconoce. Pero en la práctica está cercenado por infinidad de circunstancias, muy bien explicadas por Palacios en dos artículos de abril de 2017.

La decisión final de asignación del médico solicitado está en manos de la administración. Vean las condiciones publicadas en el SAS: "La solicitud de asignación de médico puede denegarse cuando… no sea conveniente la asignación de más usuarios a un determinado médico… o bien existan otras dificultades que lo justifiquen".

Cada vez más profesionales huyen del sistema público. Emigran o se decantan por el ejercicio privado. Entre otros motivos están la similar disponibilidad de medios humanos y técnicos de la sanidad privada en relación a la pública, la mejor remuneración en el ámbito privado y la precariedad del puesto de trabajo público. Urge poner orden casando la libertad de ejercicio profesional con la libertad de la ciudadanía de elegir sistema público o privado, y dentro de cada uno, profesional y centro sanitario. Y ello sin olvidar las garantías de equidad y accesibilidad, evaluando recursos y necesidades reales de salud, informando con veracidad, y dando participación real a la sociedad civil en los órganos de decisión en política sanitaria.