El crecimiento andaluz se verá seriamente afectado por el parón en construcción e inmobiliario, que superaban el 20% del PIB andaluz y más del 25% en el caso de Málaga. La reconversión de estos sectores, con una altísima mano de obra, va a suponer un reto para los dirigentes políticos y empresariales. Este ajuste se produce al mismo tiempo en que se negocia un nuevo sistema de financiación autonómica, en el que las regiones ricas quieren disminuir su contribución a la solidaridad nacional. Coinciden tiempos de crisis y tensiones territoriales.

El desajuste institucional de Bélgica es el saldo del desentendimiento entre flamencos y valones, dos comunidades muy distintas en cultura, lengua y raza, que comparten la religión católica y una historia común de menos de dos siglos de historia, bajo una monarquía constitucional. En España tenemos la ventaja de contar con 17 comunidades autónomas, lo que diluye las tensiones regionales. Las peleas son mucho peores cuando se dan entre dos mitades de la sociedad.

En este país acabamos de conocer las balanzas fiscales el martes y el jueves la nueva propuesta de financiación autonómica. Los saldos fiscales son elementales: las regiones más ricas tienen déficit y las menos desarrolladas, superávit. Andalucía, con un saldo positivo de entre un 3,05 y un 4,65% de su PIB, se sitúa en el séptimo puesto de la clasificación. Aunque el Gobierno diga que no tiene nada que ver una cosa con la otra, ambas parecen sospechosamente unidas. En Cataluña, región en torno a la que giran las reclamaciones en este campo, han recibido las balanzas al grito de ¡expolio fiscal! y la propuesta de financiación con una queja profunda del socialista Antoni Castells, consejero de Economía de la Generalitat: el sistema presentado por Solbes le parece “decepcionante, insuficiente y preocupante”. Cataluña tiene el tercer puesto por la cola de la lista, con un saldo negativo de entre un 6,38 y un 8,70% del PIB.

Estas cosas son incómodas para los gobiernos y para el de Zapatero en particular, dado que dos de las tres regiones más perjudicadas por los saldos fiscales españoles están gobernadas por los compañeros Montilla y Antich en Cataluña y Baleares, que están dispuestos a dar la batalla para pagar mucho menos a las arcas nacionales. Solbes promete que ninguna región va a salir perjudicada, lo que significa que la atropellada será la Administración general del Estado. Con la que está cayendo sobre la economía española no parece que sea el mejor momento de entablar esta pelea financiera.

El caso belga viene también a cuento del cambio copernicano que va a dar la economía nacional y el modelo de crecimiento. Antes de la reconversión industrial en Bélgica, el sur valón era la región rica con una importante siderurgia y unas prósperas minas de carbón a las que emigraron –por cierto– muchos andaluces, por ejemplo del norte de Córdoba. Los francófonos dominaban todos los resortes de poder, en los negocios, en la banca, hasta en la ópera. El norte flamenco era pobre, con una economía de minifundio agrícola. La reconversión industrial transformó a los valones en parados o jubilados anticipados, subsidiados por la seguridad social. Mientras que en el norte no hubo que hacer reconversión y los flamencos pasaron de la vaca lechera a las nuevas tecnologías. Desde Eindhoven, la patria de la Philips, al sur de Holanda, hasta Amberes, en la costa belga, hay un Silicon Valley centroeuropeo de enorme potencia innovadora.

Una ventaja de que en Andalucía no hubiese una potente industria pesada es que aquí no habría que hacer la reconversión más que en el sector naval. Se podía pasar de una sociedad agraria a una de modernas tecnologías sin disparar las clases pasivas. Pero ahora resulta que la construcción se ha convertido en nuestra particular siderurgia. Sin contar el sector inmobiliario, sólo la construcción representaba en 2006 el 13,7% del PIB andaluz y el 17 en Málaga, según los datos de Funcas. Un año antes, el INE daba un 12,5% para Andalucía y el 18,4% para Málaga. Se ha gripado el gran motor del crecimiento andaluz, la financiación autonómica está discutida y la europea tiene fecha de caducidad. Entramos en una situación preocupante.