La plantilla del servicio de ayuda a domicilio (SAD) de Puerto Real, que en el municipio es prestado por una empresa contratada por el Consistorio mediante un concurso público, se manifestó este jueves en la Plaza de Jesús. Alrededor de medio centenar de trabajadoras denunciaron frente a la Casa Consistorial. donde se celebraba el pleno ordinario de abril, los “numerosos incumplimientos” que aseguran sufrir por parte de la empresa.

Las trabajadoras, a través de sus representantes sindicales, han trasladado al equipo de Gobierno los “incumplimientos del contrato que la empresa firmó con el Ayuntamiento, a principios de 2020, así como el Convenio Colectivo e incluso el propio Estatuto de los Trabajadores”, aseguran.

“Hablar de los incumplimientos sería un no parar”, decía la plantilla, principalmente de mujeres, durante la concentración. “Desde que no te dan el uniforme completo o el precario material de protección individual durante la pandemia, a la negativa a dar los días de asuntos propios cuando se necesitan o la obligatoriedad de coger las vacaciones cuando la empresa dice”. A todo suman el incumplimiento del plan de formación y, principalmente, cuestiones económicas que perjudican mucho a un sector muy precarizado.

La alcaldesa, Elena Amaya, se acercó a las trabajadoras durante la protesta

“La subida del IPC no se ha aplicado y hasta hace tres meses, después de años de lucha, no nos están pagando los desplazamientos entre usuarios”, dicen. Pero sin duda, el “más sangrante de todos” es el precio que cobran por cada hora trabajada.

Desde el 1 de marzo de 2021, en Andalucía se aplica el aumento del 12,31% del precio/hora máximo del servicio de ayuda a domicilio en el ámbito del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Este incremento, que se produce después de mantenerse congelado en 13 euros desde el año 2007, supone que el coste de la hora queda fijado en 14,6 euros. Sin embargo, el precio que las trabajadoras cobran es de 5,8 euros la hora.

“Nos dicen que el precio de la hora se subirá cuando se formalice un nuevo contrato porque el que está en vigor no se puede modificar. Por eso nos preguntamos por qué se ha prorrogado recientemente un año más el contrato con la empresa y si no era el momento de hacer uno nuevo aplicando esa subida”.

El colectivo de trabajadoras denuncia que el Ayuntamiento se lave las manos en este asunto y que ni tan siquiera les facilite la información de las cantidades que el municipio recibe por estos conceptos. “Nos dicen que ni nosotras ni nuestras condiciones laborales son responsabilidad del Ayuntamiento, que vayamos a la empresa, obviando que la Ley de Contratos del Sector Público les obliga a vigilar y hacer cumplir la normativa social y laboral recogida, tanto en el Convenio Colectivo y resto de legislación laboral, como en los pliegos y en el contrato que aprobaron, no se cumple y nadie controla”.

Las trabajadoras, que atienden a más de 300 personas dependientes del municipio, lamentan que el equipo de Gobierno señale a la empresa y que la empresa, a su vez, señale al Ayuntamiento. “Se van echando la pelota uno a otro y nosotras seguimos sin poder conciliar la vida familiar y laboral, trabajando mañana y tarde de lunes a sábado por un sueldo mísero y superando el límite de 1.755 horas anuales, cuyo exceso no nos pagan”, decían las profesionales del SAD en la concentración.

Así, han solicitado al equipo de Gobierno y al resto de la corporación, “formalizar reuniones para aclarar la gestión del servicio, además de ahondar en la investigación de las diferencias existentes entre cómo se está gestionando el servicio y cómo tendría que estar gestionándose. Y para eso es fundamental que conozcamos todos los datos y que tengamos acceso a toda la información”.

Durante la concentración, la alcaldesa, Elena Amaya, se acercó a las trabajadoras para escuchar sus demandas y se comprometió con ellas nuevamente a buscar canales, junto con la empresa, para solucionar todas estas cuestiones.