Las secciones sindicales de Autonomía Obrera y Comisiones Obreras en el Ayuntamiento de Puerto Real han respondido a la responsable de Recursos Humanos, Carmen Silva, que hace unos días pidió que se rebajasen las protestas que los trabajadores municipales vienen celebrando desde hace más de un mes en la Plaza de Jesús.

Las protestas se iniciaron a raíz de la suspensión del llamado perfecto encuadramiento, aprobado en los años 2008 y 2009, que suponía una subida salarial acordada “de manera camuflada”, en palabras de Carmen Silva.

Ante esto, los sindicatos responden que el acuerdo se aprobó en una Mesa General de Negociación  y que fue llevado al Pleno Municipal y aprobado por diecinueve votos a favor, con una única abstención por la incomparecencia de un concejal. “De encubierto no tiene nada”, aclaran. Recuerdan que además, el PSOE formaba parte de la corporación municipal y que poco después de la firma de ese acuerdo alcanzó el pacto de Gobierno con IU formando parte del equipo de Gobierno cuando el acuerdo empezó a aplicarse.

Los sindicatos aclaran que sobre el acuerdo que Silva señala como “ilegal y discriminatoria”, no existe ninguna declaración de nulidad, “simplemente informes negativos de algunos de los Secretarios accidentales de este Ayuntamiento, que casualmente también informaron en su día favorablemente al respecto”.

Además, recalcan que el informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía emitido al respecto es “provisional”, por lo que “da tiempo a subsanar todas y cada una de las irregularidades que afectan a estos acuerdos”.

Las protestas sindicales se han centrado en la exigencia de que se apruebe una nueva Relación de Puertos de Trabajo (RPT), ya que sería una forma de poner solución a este problema. Recuerdan que los anteriores equipos de Gobierno han intentado modificar la RPT sin éxito. En la legislatura del Partido Andalucista nunca llego a ser negociada y en la del bipartito de Podemos y Equo se aprobó en la Mesa General de Negociación pero no se llevó a pleno porque ni tan siquiera se informó par parte del Secretario Accidental. Señalan que esa misma RPT tampoco quiso llevarla a pleno el actual Gobierno socialista, asumiendo el compromiso personal de Elena Amaya de elaborar una nueva.

“Ahora llevamos dos años y medio recibiendo la falsa información de que había una nueva RPT ya elaborada, pero que la debía estudiar un gabinete jurídico para su posible corrección”, dicen los sindicatos, que muestran su sorpresa al saber que el pasado mes de agosto se suspendieron los acuerdos y se contrató la asistencia técnica a una consultora  para ponerla en marcha.

Añaden que el Convenio Colectivo que estaba vigente fue denunciado por la edil de Recursos Humanos en 2019, y “desde entonces ni siquiera se ha dignado a sentarse con los sindicatos para negociar uno nuevo, tan solo se ha limitado a enviarnos una propuesta de Acuerdo Regulador, que no de Convenio Colectivo, muy escueta y falta de datos relevantes como pueden ser una tabla salarial ajustada a la realidad y legalmente encuadrada. Evidentemente esta tabla no puede tenerla al no existir una valoración de los puestos de trabajo que debería estar incluida en la ya famosísima RPT, con lo que nos encontramos con la pescadilla que eternamente se muerde la cola”

Insisten una vez más los sindicatos en que no quieren ilegalidad en sus sueldos. “Queremos una RPT ajustada a derecho, un Convenio Colectivo y Acuerdo Regulador actualizado y un Plan de Empleo coherente, todo ello con la ley en la mano”.

“Deje pues usted de tergiversar nuestras demandas, que jamás hemos pretendido mantener ninguna subida de sueldo ilegal y mucho menos discriminatoria, ya que el acuerdo en sí consiste en todo lo contrario, en corregir desigualdades que ya existían entonces y que con la suspensión cautelar han vuelto a aparecer. “Si hay que hablar de actitud discriminatoria y autoritaria tenemos que referirnos claramente a usted, pues bajo el amparo de la Intervención Municipal está autorizando el pago de horas extras única y exclusivamente a un solo gremio de esta administración, la Policía Municipal, mientras al resto de trabajadores y trabajadoras se las niega”.