La cocina solidaria creada en el colegio Reyes Católicos gracias a la colaboración desinteresada de voluntarios y profesores de la Escuela de Hostelería Fernando Quiñones de Cádiz es un ejemplo de las muchas muestras de solidaridad que se están viendo desde el inicio de la pandemia del coronavirus. Gracias al trabajo de estas personas que arrancaron la iniciativa en el Restaurante Amura Multibar, y a las donaciones de muchos particulares y empresas, se está garantizando el alimento a más de 80 menores que se quedaron sin este sustento básico cuando se cerraron los comedores de los centros educativos. 

Pero más allá de la cara “amable” de quienes han dedicado su esfuerzo a paliar las consecuencias de que Puerto Real se quedase fuera del Programa de Refuerzo de Alimentación Infantil (PRAY/SYGA) de la Junta de Andalucía, esto ha puesto de manifiesto la falta de entendimiento entre las administraciones a la hora de dar solución a un problema que continúa. “¿Qué clase de prioridades han marcado las instituciones que nos gobiernan como para que unos plazos o un trámite burocrático no realizado, deje sin comida a 80 niños en Puerto Real, entre otras localidades?”, se pregunta el sindicato CGT Enseñanza, que ha alzado la voz en defensa de los menores.

Y es, según explicó el Ayuntamiento en un comunicado, “los Servicios Sociales municipales, tras valorar a las familias susceptibles de ser incluidas en el programa, no pudieron incluir los datos de estos en el Sistema de Información Séneca, dado que la Junta de Andalucía lo cerró el día 6 de abril y los datos referentes a Puerto Real se obtuvieron 2 días después”.

Este hecho, a juicio de CGT Enseñanza, demuestra una vez más que “cuando la población más lo necesita, las instituciones no están ni se las espera”. Si algo tienen claro en el sindicato es que, por encima de todo, las familias deben ser atendidas y no hay razón válida para lo que está ocurriendo. “Si las instituciones que nos gobiernan están tan burocratizadas y ajenas a los problemas de la gente, cabe preguntarse ¿para qué están?”, dicen.

La criticas de CGT se dirigen tanto a la Junta como al Ayuntamiento de Puerto Real. De la administración local destaca el “silencio” con el que está observando la situación pese a tratarse de “la institución más cercana a la ciudadanía, la que más palpa la realidad y, sin embargo, la menos útil de todas para encontrar soluciones”. Más duros son con la Junta de Andalucía a quienes acusan de “lavarse las manos, no responder, no recular y abandonar a su suerte a quienes lo están pasando mal, como si no fuera su problema”. Pero más allá de la crítica, advierten que no van a mirar hacia otro lado. Exigen una solución inmediata y que se atiende de forma urgente a los menores. “Si no es así, que asuman su incompetencia y dimitan de sus cargos”.

Esta no es la primera vez que la exclusión de Puerto Real en el Programa de Refuerzo de Alimentación Infantil es causa de encontronazo político, aunque la situación no haya cambiado nada. La primera crítica partía del Ayuntamiento hacia la Junta. La alcaldesa, Elena Amaya, exigió a la Junta la reapertura de la convocatoria porque “no se puede dar la espalda a las necesidades de las familias más golpeadas por esta crisis; por eso, es necesario que desde todos los ámbitos ayudemos a quienes han quedado más desprotegidas”.Pero la petición cayó en saco roto.

Días mas tarde fue el grupo municipal de Adelante Puerto Real quien exigió explicaciones al equipo de Gobierno local al no convencerle las explicaciones del bipartito (PSOE-AxSí). “No nos sirve que desde el Ayuntamiento se acuse al gobierno de la Junta por acortar plazos, al cerrar la aplicación Seneca en un momento posiblemente inadecuado, porque en primer y último término es nuestro Ayuntamiento el que debe garantizar el que esos datos estuvieran remitidos, como sí hizo por ejemplo el Ayuntamiento de Cádiz”, dijeron. “Por nuestra parte, a la Junta de Andalucía también le exigimos que reabran los plazos de solicitudes de ayudas alimentarias para menores para poder arreglar todo este despropósito".

Mientras sindicatos, Ayuntamiento, Junta, gobierno y oposición continúan con la gresca política, son los voluntarios quienes están garantizado la comida diaria a amas de 80 menores.