Polémica jurídica

"No hablamos de mercados, sino de familias"

  • El limbo legal generado por el propio Tribunal Supremo ha plagado de incertidumbre y "caos" al mercado inmobiliario gaditano

Escaparate de la inmobiliaria Hispania en Cádiz. Escaparate de la inmobiliaria Hispania en Cádiz.

Escaparate de la inmobiliaria Hispania en Cádiz. / Lourdes de Vicente

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Dudas y más dudas. El donde dije digo, digo Diego del Tribunal Supremo respecto al pago del impuesto hipotecario de actos jurídicos documentados ha generado una gran incertidumbre entre todos los agentes que conforman el mercado inmobiliario: compradores, vendedores, bancos y también inmobiliarias.

Álvaro Pedreño, gerente de Hispania Servicios Inmobiliarios en Cádiz, explica que los últimos días han sido “un auténtico caos”. El pasado viernes, cuando se conoció la primera resolución del Supremo favorable al cliente, “la mayoría de las entidades financieras nos suspendieron las firmas de muchos contratos de compra-venta”. Sin embargo, cuando el Alto Tribunal dio un paso atrás anunciando que revisaría su decisión, “retomamos varias operaciones. En todas ellas, el cliente asumió el pago de impuesto hipotecario”, analiza Pedreño. “De hecho, hemos conseguido salvar varias operaciones que vencían esta semana prorrogando contratos y ampliando los plazos para ir a notaría a escriturar”.

Según el gerente de la inmobiliaria gaditana, la inseguridad suscitada ante el desconocimiento de quién será el sujeto pasivo que se haga cargo de dicho impuesto puede provocar situaciones realmente preocupantes. “Se puede dar la tesitura de que una persona haya vendido ya su casa y, sin embargo, ahora no pueda firmar el contrato de compra de su nueva vivienda. Se quedaría sin un techo donde vivir”, afirma Pedreño.

“Es inadmisible que el Supremo se dé de plazo hasta el próximo 5 de noviembre para pronunciarse”, dice el gerente. “No estamos hablando sólo del mercado inmobiliario, hablamos de familias”. Para Pedreño, “es muy fuerte que esto esté pasando en un país como España”. Bajo su punto de vista, “es la Justicia la que debe marcar el camino a seguir garantizando los derechos de los ciudadanos”.

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