Dos internos de la cárcel de Puerto III planeaban, presuntamente, causar daño personal a dos funcionarias del centro penitenciario. El motivo de las posibles coacciones vino precedido por una valoración, elaborada por las profesionales, desfavorable a los intereses de uno de los reclusos, quien pretendía conseguir el tercer grado. Estas amenazas han sido denunciadas por los sindicatos que operan en estas instalaciones, la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones, ACAIP y la UGT.

La amenaza se hizo a través de un presunto capo de la droga. Este, según los informes policiales, tiene influencia a nivel europeo y podría tratarse de uno de los mayores narcotraficantes del continente. Fuentes penitenciarias confirmaron ayer que uno de los dos reclusos que presuntamente han urdido una emboscada es el onubense Anselmo Sevillano, calificado por la Policía Nacional como uno de los mayores traficantes de hachís de Europa. Sevillano ejercía, según la sentencia de la Audiencia de Huelva ratificada por el Tribunal Supremo en mayo, la "jefatura y dirección" de la banda dedicada al narcotráfico que introdujo el 21 de agosto de 2011 un total de 3.720 kilos de hachís por el astillero Vizmar de Isla Cristina, desmantelada por la Udyco de Huelva en el marco de la operación Celeste.

El preso, que entonces se hallaba huido de la Justicia, fue localizado en una urbanización de lujo de Estepona (Málaga) y detenido el 25 de agosto de 2011. Fue condenado a seis años de cárcel y al pago de 70 millones de euros de multa por la comisión de un delito de narcotráfico con la agravante de reincidencia, así como a otros cuatro años y medio de cárcel por dos delitos de falsedad documental: 10,5 años en total que se suman a los 4,5 años que empezó a cumplir en 2011 por hechos de similares características.

Fue internado en un principio en la macrocárcel de Huelva, pero se vio involucrado en otro escándalo que obligó a su traslado inmediato a la penitenciaría de Topas (Salamanca) cuando apenas llevaba cuatro meses en el penal onubense: en diciembre de 2011 trascendía la destitución del entonces director de La Ribera, Francisco Sanz (ya fallecido), por "pérdida de confianza" y se abría una investigación judicial por presuntos sobornos (coches de lujo) y tratos de favor a ciertos narcos influyentes -entre ellos Sevillano- que acabó archivando el año pasado el Juzgado de Instrucción número 3 de Huelva.

En algún momento no determinado por las fuentes oficiales ni por las oficiosas, el onubense fue trasladado de Salamanca a El Puerto de Santa María, concretamente al penal Puerto III.

Los lujosos coches de Sevillano, como los que supuestamente había regalado a personal de la cárcel de Huelva a cambio de favores para sus familiares, procedían habitualmente de su propia empresa, Onucar Import SL, con sede en la calle Rascón de la capital onubense y en la que constaba como administradora única una de sus hermanas hasta el pasado 8 de mayo, fecha en la que ella dimitió, cediendo las riendas de la empresa a otra persona, un hombre que atiende a las iniciales L.A.B., tal y como se publicaba entonces en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme).

Según los tres sindicatos denunciantes, el comprador de Onucar Import es el segundo interno en liza, el que planeaba junto con Sevillano "hacer daño" a las funcionarias de prisiones.

Sevillano presuntamente contactó con un familiar residente en el barrio sevillano conocido como el de las 3.000 Viviendas para que ejecutara el plan intimidatorio contra las funcionarias. De este modo, los reclusos conocían el domicilio de las profesionales, sus rutinas y el perfil familiar de éstas. El objetivo no era otro que amedrentar a las autoras del informe de valoración que jugaba contra los intereses de uno de ellos, dar "un susto" para que se suavizaran los documentos que impedían el alcance de mayores beneficios penitenciarios.

Ante esto, los sindicatos denuncian que la alerta crece en la plantilla de funcionarios y que una de las sorpresas ha llegado cuando no se ha visto una respuesta tajante por parte de la dirección del centro penitenciario de Puerto III. Según las consideraciones sindicales, las actuaciones fueron parciales y tardías. En este caso, entienden que la seguridad de las personas que elaboraron este informe y la de sus familias no se protegió.

Las quejas de las funcionarias fueron elevadas a los sindicatos una vez que el expediente disciplinario al interno fue sobreseído, contando sólo con el voto en contra de la jurista. La dirección comprendió que las amenazas denunciadas carecían de pruebas y aceptó la versión del presunto autor, que negó todos los hechos.

Tal y como recogen los sindicatos en su escrito, las relaciones entre el otro recluso y el narcotraficante estarían probadas por el Boletín Oficial del Registro Mercantil de mayo de 2014. En este documento, el recluso le compra al delincuente una sociedad en fechas anteriores a las coacciones. La compañía adquirida es una vieja conocida del mundo penitenciario ya que apuntan que la empresa es sospechosa de acciones ilícitas. En concreto, un delito de cohecho en el centro penitenciario de Huelva. Un hecho que provocó que parte del equipo directivo de dichas instalaciones fuera apartado. El caso quedó archivado por la no ratificación del denunciante.

Asimismo, los sindicatos reiteraron su apoyo y protección a todos los trabajadores de prisiones. Por tanto, la postura sindical se muestra firme y tajante en la petición a la dirección de más mano dura ante lo que entienden que es un caso claro de amedrentamiento de los profesionales dentro de su ámbito laboral. Una postura que ha desatado el alarmismo interno y la inseguridad entre los trabajadores de la cárcel ante la posible impunidad de las actitudes hostiles de los reos.

La actitud desafiante de Sevillano dentro de una prisión no es una novedad. El "susto" pretendido parece haberles llegado a las trabajadoras y los sindicatos siguen esperando una respuesta contundente de la dirección.