Cuando Favour Joseph llegó a España en patera desde Nigeria tuvo la suerte de dar con Isidoro Macías. Estaba embarazada, y tras ser atendida en el hospital, el padre patera se hizo cargo de ella. “Me trató muy bien, me compró cosas para el bebé y me arregló los papeles para que tuviera un permiso de residencia, pero sin derecho a trabajar, que era lo que yo necesitaba”. El permiso le fue retirado al pasar un año y desde entonces y hasta 2015 ha estado intentando obtener otro para poder residir y trabajar legalmente en España, en el círculo vicioso que describe la mexicana Vanessa Kristel: “Para que me hagan un contrato me piden el NIE (Número de Identidad de Extranjero). Pero sin contrato, no te pueden hacer el NIE”.

Las dificultades para conseguir la documentación que les permita trabajar y residir legalmente son uno de los grandes quebraderos de cabeza de las miles de personas que llegan cada año a España, uno de los primeros escollos que se encuentran en el largo proceso de integración en su nuevo país. Hace unos días el Gobierno anunciaba su intención de poner en marcha un plan y un fondo para la integración de los migrantes, y los colectivos que trabajan por ella y los propios extranjeros no dudan en apuntar a esta cuestión como una de las primeras a resolver. Hay otras y una premisa principal: solo se logra una integración y convivencia reales de forma bidireccional, contando también con la población autóctona. Los protagonistas cuentan su experiencia, positiva, remarcan todos, pero en la que se han encontrado con obstáculos.

Trabajo

A 31 de diciembre de 2017 había 5,2 millones de certificados de residencia o tarjetas de residencia en vigor en el país, 3,1 millones del régimen de libre circulación de la UE. Pero esa cifra no recoge un colectivo indefinido de personas que, como Favour o Vanessa, están residiendo efectivamente en España de forma irregular y que se ven abocadas “al mercado laboral sumergido”, destaca Vladimir Paspuel de la Asociación Rumiñahui, que ostenta la vicepresidencia del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes.

“Nos enfrentamos a la tramitología, obtener una primera tarjeta de residencia es enormemente engorroso, igual para acceder a la doble nacionalidad”, explica, pidiendo al Gobierno español y la UE que sean “más humanas”. El reverso de esa falta de documentación es la explotación o la precariedad laboral: “A mí me han llegado a hacer contratos falsos, me han ofrecido uno a cambio de que yo me pagase mi seguro y después era mentira. He trabajado en lo que he podido, limpiando, cuidando personas, y empecé a tramitar el autónomo, pagando mis tasas, para poder lograr la residencia”, explica Joseph. Finalmente consiguió encontrar trabajo en un restaurante y tramitar el ansiado permiso de residencia por dos años, que le será renovado si sigue teniendo trabajo por otros dos, después por cinco. Si no tiene empleo, lo perderá.

“A las personas que llegan a España la cuestión laboral les preocupa mucho, ellos necesitan tener trabajo para ayudar a sus familias y para mantener su permiso de residencia”, explica Adrián Pérez, del programa de orientación para los migrantes de Cruz Roja. Así es en los permisos de residencia por trabajo, que suponen un 45,7% de las autorizaciones vigentes para extranjeros no UE, pero también en otros de los casos existentes: la legislación española también incluye permisos temporales de residencia por circunstancias excepcionales (10,7% del total), por residencia no lucrativa (13,8%) o reagrupación familiar (los segundos más numerosos, el 29,9%).

Katerine Báez y Beatriz Olivo

En ese amplio abanico se encuentran casos como el de Zhor Doukkal El Aouni, marroquí, que obtuvo un permiso ligado al de su marido pero que no la autorizaba a trabajar, “me obligaba a depender de él”. Solo tras diez años en España ha logrado un permiso que le ha dado la posibilidad de trabajar en el programa Un barrio de todos, de la Fundación Márgenes y Vínculos.

Tampoco las personas que solicitan asilo pueden trabajar durante los primeros seis meses, apunta la venezolana Katerine Báez. La situación política de su país la obligó a dejar atrás su vida y su familia y llegada a España se encontró con que no podía buscar empleo a pesar de tener salvada una cuestión principal: el idioma. Su compatriota Beatriz Olivo lo ratifica: “Lo único que cambiaría del proceso de acogida, que ha sido muy bueno, es tener que estar tanto tiempo sin trabajar. Vienes a trabajar, por nosotros y por nuestras familias”.

Ellas han encontrado empleo, más estable en el caso de Beatriz y temporales en el de Katerine, ambas tituladas en Turismo. Cuentan con las facilidades que le da el idioma y los lugares comunes en ambas culturas y aseguran no haberse sentido discriminadas sino todo lo contrario, aunque sus estudios no sean reconocidos en España. En el caso de otras nacionalidades el proceso de encontrar trabajo es más difícil, como recogen las estadísticas laborales: en el tercer trimestre de este año la tasa de paro entre la población española fue del 13,70%, mientras que en el caso de los extranjeros europeos era del 17,34% y en el del resto de extranjeros del 22,55%. En todos los casos son las tasas más bajas en mucho tiempo. En la provincia de Cádiz, los datos empeoran: la tasa de paro fue del 24,72% (no hay datos por nacionalidad).

Los trabajos más precarios a los que acceden las personas extranjeras también se reflejan en la Encuesta de Estructura Salarial del Instituto de Estadística: si un español cobra (dato de 2016) una media de 23.156 euros brutos al año, un extranjero de la UE ingresa 18.870, un americano 14.796 y un africano 14.083.

Vivienda

Encontrar una vivienda es otro de los grandes retos a los que se enfrentan los extranjeros, de nuevo con diferencias en función del lugar de procedencia, del color de la piel. “Mi marido, que no tiene prácticamente acento, quedó con el propietario de un piso”, explica Doukkal. “Todo parecía ir bien, hasta que nos vio. Mi marido le hizo gestos con la mano, después me miró a mí, vio el pañuelo, y se puso a gesticular y se fue sin siquiera llegar a hablar con nosotros. Me sentí muy humillada”, cuenta, “te juzgan por la imagen, sin conocerte, y eso duele”.

La experiencia que relata es bastante habitual. En el estudio realizado por la Fundación Márgenes y Vínculos sobre la percepción de la población inmigrante marroquí en Algeciras, el 22,9% de las personas de origen extranjero que fueron encuestadas contestaron siempre han tenido dificultad para encontrar un alquiler, a veces lo contestó un 28,2% y el 5,9% respondió que rara vez.

Esto ocurre en todo el país, de ello dan fe los anuncios de alquiler que advierten que solo se arrienda a españoles o el último informe elaborado al respecto por SOS racismo, publicado en 2016. En un amplio estudio, la organización detectó tanto de forma telefónica como presencial que hubo una clara diferencia de pisos ofertados a uno y otro colectivo. En el testing telefónico, de las personas a las que se les negó que existiesen pisos para ofrecerles, el 69,8% eran demandantes de origen extranjero; en el presencial ese porcentaje subió hasta el 86,7%.

Convivencia

Los extranjeros que aparecen en este reportaje contestan sin dudar que lo mejor que han encontrado en España son “las personas” y se sienten contentos en suelo español, donde han podido establecer relaciones personales con españoles y extranjeros. Y los que han vivido en otras partes del país resaltan que en Andalucía se sienten aún mejor acogidos y que Algeciras, la ciudad de las 104 nacionalidades, es un sitio especialmente receptivo en ese sentido.

En Algeciras hay empadronados a 8.701 extranjeros, un 7,8% de la población total. Está por encima de la media provincial (3,35%) y andaluza (7,23%), pero no de la nacional (9,82%). Según el estudio El peso de la migración marroquí en la percepción del otro en el imaginario colectivo de los habitantes de Algeciras, un 30,6% de los autóctonos piensa que los inmigrantes contribuyen a mejorar la vida en comunidad; un 35,4% que ayuda a mantener la convivencia y sólo un 16,3% piensa que la empeoran. Y el 60% de la población autóctona afirma que se relaciona diariamente con extranjeros.

No obstante, la integración en una cultura y un sistema social distintos tiene sus dificultades para los que llegan. La primera barrera, la más importante, es el idioma y para vencerla son claves las clases que ofertan las organizaciones no gubernamentales. Sihama Khasmi, de Marruecos, asegura que se sintió “paralizada y ciega” durante mucho tiempo hasta que aprendió español. Y Batouyah Çamara, de Guinea Conakry, explica que “cuando llegué aquí nada era fácil porque no hablaba el idioma y no conocía a nadie”.

Batouyah Çamara

Llegó en patera hace cinco meses y está inmerso en una maraña administrativa: las pruebas de edad dieron como resultado que era mayor de 18 años pero él asegura que tiene 17, por lo que está siendo acogido por Cruz Roja en lugar de en un centro de menores hasta que se resuelva la petición de pruebas complementarias de edad. Mientras tanto, empezó a estudiar español “y empecé a encontrar amigos” de otros países, pero también de España.

Batouyah ha encontrado también otra forma de integración: entrena con el Algeciras CF entre semana, “me gustaría jugar profesionalmente al fútbol”. Pero su objetivo más realista es otro: “estudiar, tener una profesión y encontrar trabajo”.

Otra preocupación es el acceso a los servicios públicos, como la sanidad. En el recientemente publicado trabajo de Márgenes y Vínculos Mujeres haciendo historia. Migrantes narrando vidas, Paloma Cinthia Núñez remarca algo que no conoce parte de la población: los migrantes no regularizados solo tienen acceso a las urgencias. “Me sentía fatal porque lo veía injusto, porque en Argentina cualquiera puede tener médico pero aquí yo estuve tres años que solo podía ir al médico por urgencias”, explica. Su experiencia fue dura también en lo laboral, por no poder encontrar un trabajo acorde con su formación en administración de empresas.

La educación es otra de las áreas muy bien valoradas por los extranjeros (el pasado curso había 748.429 alumnos extranjeros en niveles no universitarios, 6.197 en la provincia de Cádiz). Declaran una satisfacción general por el sistema educativo y los educadores y profesores consultados en el estudio sobre la percepción de la población extranjera desmienten con rotundidad el tópico de que la presencia de hijos de migrantes baja el nivel de las aulas, recordando que el instituto Saladillo, con buena parte de alumnos de origen alógeno, está año tras año entre los que saca mejores notas en las pruebas de Selectividad.

La segunda generación

No obstante, los más jóvenes sí que se enfrentan a casos de racismo entre los alumnos o en la calle. Han sufrido en alguna ocasión frases como “vete a tu país”. En este caso, vuelven a remarcar los entrevistados, Algeciras es también más integradora que otros puntos del país, lo cual no significa que no haya elementos discordantes.

El dilema de la segunda generación es una de las cuestiones que aborda la población de origen extranjero (en 2017 nacieron en España 93.314 bebés con madre o padre extranjero, 941 de ellos en la provincia de Cádiz). Como en el resto de materias se enfrenta a una dificultad compartida con la población autóctona, el choque de la adolescencia, pero en su caso “además del choque generacional está el cultural”, explica el subdirector técnico de Márgenes y Vínculos, José Ángel Ponce. Se abre otra brecha distinta con los padres, como reconocen los entrevistados, porque sus hijos se sienten españoles y marcan una distancia con la cultura de sus padres. Aunque no solo se sienten españoles los hijos, asegura Favour, porque “nosotros vivimos aquí, llevamos ya mucho tiempo, también somos españoles”.

Exclusión

En realidad, remarca el director de la Asociación Ceain (integrada en la red Acoge), Francisco Morales, los problemas a los que se enfrenta la población alógena son en muchos casos comunes a los de la población autóctona, “son los problemas de empleo, vivienda y un recorte del estado del bienestar que ha afectado a las capas más vulnerables, entre las que están los inmigrantes, que carecen de redes familiares y de apoyo”. Por ello llama a desarrollar políticas inclusivas, porque “la principal batalla por la integración de las personas inmigrantes pasa por el desarrollo de políticas que combatan la exclusión social en general”.

Vladimir Paspuel reclama en paralelo un nuevo plan estratégico de inmigración, “sobre todo apuntando a la convivencia, porque muchas veces se habla integración en un sentido unidireccional, pero si no se trabaja en los dos sentidos es una asimilación que termina siendo negativa para la sociedad”.