La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Vivienda, ha puesto en marcha un nuevo plan de expropiaciones en las Aletas que resulta vital para el futuro del parque, el epicentro de la reindustrialización de la Bahía.

El nuevo proceso es la consecuencia de tres sentencias de anulación que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dictó el año pasado. Primero se invalidó la delimitación de la zona de reserva del propio polígono por considerar que éste carecía de "concreción" y "motivación suficiente", ya que lo mismo se hablaba de usos recreativos que de logísticos sin especificar zonas ni empresas ocupantes, según concluye el fallo del TSJA. La anulación de este procedimiento dejó sin paraguas administrativo las posteriores expropiaciones forzosas realizadas en 2006. Ya no había justificación para llevar a cabo "una privilegiada y excepcional forma de expropiación de manera inapelable".

La negociación empieza, por lo tanto, de cero, pero con una importante novedad: la justicia y el desarrollo del parque han dado alas a los propietarios, que ya han empezado a organizarse para reclamar mayores cantidades. Los tres principales parcelistas son Dehesa Norte (primer fallo del TSJA), la familia Derqui y Manuel Gómez, gerente de Comunidades del Sur (tercera sentencia junto a un grupo de pequeños parcelistas).

Los justiprecios que aplicó entonces Obras Públicas oscilaban entre los 0,07 euros por metro cuadrado establecidos en la zona de dominio público marítimo-terrestre y los 17,6 euros de media que recibieron los propietarios minoristas. Ahora, los particulares reclaman, en base a tasaciones de sociedades tanto privadas como públicas, cantidades que van desde los 40 euros hasta los más de cien que Comunidades del Sur pide por la bella finca La Cerería.

En conjunto, según los cálculos realizados por este periódico en función de las superficies y cuantías comunicadas, los propietarios demandan cerca de 250 millones de euros (41.500 millones de pesetas). Sólo Dehesa Norte y Derqui piden 51 y 50 euros/m2, respectivamente, por lo que cada uno de estos terrenos, de más de 200 hectáreas, podría alcanzar un valor superior a los 100 millones.

Ante este complicado horizonte de negociación, el delegado del Gobierno de la Junta en Cádiz, José Antonio Gómez Periñán, reiteró ayer tanto la importancia del proyecto como la "voluntad" de la Administración de "llegar a un acuerdo con la totalidad de los propietarios" y lanzó un mensaje de "tranquilidad" a las personas ya expropiadas porque "no se verán perjudicadas por este procedimiento".