Un mes se cumple hoy desde que el Ayuntamiento anunciara el acuerdo alcanzado con los afectados por las expropiaciones del tranvía y la semipeatonalización de Real -en la avenida Montañeses de la Isla- que pasaba por garantizar la mediación de la Empresa de Suelo Isleña (Esisa) en el realojo de inquilinos, propietarios y empresarios.

Aunque este tiempo se esperaba haber cerrado la mayoría de los acuerdos para el realojo de los afectados -se anunció entonces que los casos serían tratados uno a uno- poco se ha podido hacer hasta ahora, según ha podido saber este periódico. Ni un sólo expediente se ha conseguido resolver todavía.

Según el alcalde, Manuel de Bernardo, los inquilinos y propietarios vinculados a las trece fincas objeto de la expropiación están dialogando tanto con el Ayuntamiento y Esisa como con la propia Delegación Provincial de Obras Públicas y Transportes, Administración que promueve la actuación. Esisa ha congelado la venta de once locales cuyo precio de venta -afirma la propia empresa pública- ha sido fijado por un tasador independiente. Además, ha ideado y activado un sistema -primero para propietarios y luego para inquilinos- de adquisición de locales bien directamente en compra o en alquiler con opción a compra con la idea de que puedan hacer la adaptación del local y, más adelante, cuando el negocio vaya asentándose, comprarlo. Según Esisa, esta opción -la de alquiler con derecho a compra- se les da por cinco años y el coste del arrendamiento es aproximadamente el 5% del valor del local, que viene a ser prácticamente el tipo de interés. Se da también la circunstancia de que algunos de los locales ofrecidos son mucho más grandes de los que los afectados tienen en la actualidad. Algunos hasta el doble, por lo que puede ser que no necesiten tanto espacio. En esos casos -explica Esisa- se les ha ofrecido también a los afectados la posibilidad de dividir en dos el local, con lo que les quedarían locales en alquiler con opción a compra del tamaño que tienen actualmente desde 250 euros al mes. Menos de la mitad de lo que pagan hoy los inquilinos afectados por las expropiaciones del tranvía, según afirma la empresa pública.