El Protocolo de Palermo de la Organización Internacional del Trabajo considera explotación laboral "un acto o serie de actos cometidos por grupos o individuos que abusan de la vulnerabilidad de otros con fines de lucro". El estado de bienestar combate estos actos a través de mecanismos legales que reglan las relaciones entre el empleador y el empleado. En el caso español, esa regla es el Estatuto de los Trabajadores.

Dos reformas laborales después, con sus correspondientes huelgas generales fracasadas, con 100.000 parados más y una tasa de precarización laboral que ya se aproxima en la provincia al 80%, ¿cómo se encuentran en la provincia los mecanismos de seguridad contra la explotación laboral?

Para empezar, un efecto automático de la crisis en la provincia ha sido la caída en picado de la repercusión de la conflictividad laboral. El Cuaderno de Estadísticas Sociolaborales del Ministerio de Trabajo ofrece curiosos datos. Cádiz es la provincia más conflictiva de Andalucía si se atiende al número de huelgas convocadas en 2011. De las 474 huelgas que se convocaron en la región, 123 fueron en la provincia, dejando muy atrás a la segunda provincia en conflictividad, Sevilla, con 98. En 2007 se convocaron muchas menos huelgas, 86. Hasta ahí Cádiz a la cabeza de la conflictividad. A partir de ahora, los datos curiosos.

Cádiz fue la provincia en la que menos jornadas se perdieron por huelgas en 2011. En 2007, el año de Delphi, las huelgas convocadas en la provincia, 86, provocaron el mayor número de jornadas perdidas de toda la región, nada menos que 159.980, afectando a 150.562 trabajadores, ya que fueron 943 los centros afectados. Las 123 huelgas de Cádiz de 2011 sólo afectaban a 14 centros de trabajo donde se perdieron 104 horas. Lo que nos dice la estadística es que el trabajador ha cogido miedo al conflicto laboral. Siente que tiene mucho más que perder que ganar. De este modo, los sindicatos, que durante los años de bonanza se han burocratizado y cuyos liberados se suelen ver con antipatía por el resto de los trabajadores, pierden peso e influencia.

La mayor afiliación sindical en Europa está en los países que más desarrollado tienen el estado de bienestar. Es el caso de Suecia, en el que el 75% de los trabajadores pertenecen a un sindicato. En Andalucía, la afiliación es del 17%. CCOO, con algo más de un millón de afiliados, es la decimoquinta central sindical europea. La TUC británica, que es la primera, tiene seis millones y medio de afiliados. Y la crisis sólo ha hecho empeorar las cosas. 500.000 trabajadores han entregado su carnet de sindicalista en los últimos tres años, 220.000 de ellos en 2010, según los datos del Ministerio de Trabajo. En la última Encuesta sobre Calidad de Vida del Trabajo, un 46% de los empleados andaluces consultados afirmó no conocer absolutamente nada sobre la actividad sindical en su trabajo, ascendiendo al 56% si se trataba de empleados de empresas con menos de diez trabajadores.

Y este es el caldo de cultivo para la explotación laboral. Desprotección y miedo. Un 9% de los trabajadores andaluces considera poco o nada probable que seguirá teniendo su empleo en los próximos seis meses. El 35% de las mujeres considera que pedir un permiso legal -por maternidad, pongamos por caso- afectaría negativamente a su trayectoria dentro de la empresa. Ambas variables doblan los porcentajes de la misma encuesta del Ministerio de Trabajo de 2007. En mercados laborales mucho más potentes, como el vasco, sólo un 25% de mujeres trabajadoras piensa de esa manera. Otro factor, el estrés. Entre 2006 y 2010 el porcentaje de trabajadores andaluces que trabaja con estrés ha pasado de un 44% a un 55%.

Las inspecciones de trabajo son las encargadas de evitar los abusos dentro del marco laboral. En Cádiz, en 2011, en las más de 10.000 visitas realizadas a centros de trabajo se levantaron 2.236 actas de infracción, más de 1.200 por incumplimientos con la Seguridad Social y 365 relacionadas con empleo y extranjería. En este apartado Cádiz, que no es la provincia que más extranjeros tiene, se llevó la palma en la cuantía de las sanciones. 2.400.000 euros tuvieron que pagar en multas los empresarios de la provincia por no cumplir con las condiciones laborales de los extranjeros o por tenerlos 'en negro'. Es un millón más que la segunda provincia, Málaga, con más inmigrantes y con muchas más empresas. Pero es que la provincia también encabeza los casos de infracción en el área de seguridad laboral, con 5.394 trabajadores afectados (Granada es la segunda con 5.026) y multas que rondaron los dos millones de euros. En total, las multas impuestas a las empresas gaditanas sumaron ocho millones y medio de euros.

Estos datos son sólo la punta del iceberg de una realidad palpable: la provincia más pobre tiene las peores condiciones laborales y un alto grado de economía sumergida, que es lo que da la cara, en sólo una pequeña parte, en estas inspecciones. En este marco son los inmigrantes los que se llevan la peor parte.

Diego Boza, de la Asociación de Derechos Humanos de Andalucía, considera que "los inmigrantes son vistos en la legislación española como mano de obra y a esta condición se anuda su residencia legal en España. Ya no se trata de trabajar para subsistir sino para poder permanecer en su casa con su familia. Ante estas circunstancias se incrementan los fenómenos de abusos sobre estas personas, desde engaños y estafas hasta la pérdida absoluta de los derechos laborales ante la necesidad que tienen de mantener el puesto de trabajo".

Un caso patente es el empleo doméstico. Continúa Boza: "La existencia de una bolsa de demandantes de empleos de este tipo muy amplia provoca que los empleadores recorten las condiciones por debajo de los mínimos legales ante la convicción de que siempre encontrarán trabajadoras dispuestas a aceptar las condiciones".

Y nada parece detener que el estado de bienestar se nos escape entre los dedos por esta fuga de derechos.