Unos quince kilómetros de largo por seis de ancho, con alrededor de 18 millones de metros cuadrados, es la superficie que afrontará el término de Chiclana para aplicar las ordenanzas de regularización de viviendas, aprobadas en un pleno municipal el pasado mes de marzo. Así, se trata de uno de los retos más importantes de Andalucía para proporcionar los servicios básicos de agua, luz y alcantarillado a unas 10.500 edificaciones en suelo urbano no consolidado construidas a lo largo del término chiclanero.

"Un proceso de enorme potencia". De este modo resumió el alcalde de Chiclana, José María Román (PSOE), la puesta en marcha de una iniciativa "peliaguda y de un profundo calado", reconoció. El regidor de esta localidad desarrolló ayer en las jornadas técnicas celebradas en el Hotel Meliá Sancti Petri un discurso bajo el título: La regularización de las casas sin licencia en Chiclana, un proyecto pionero en Andalucía. Expuso que desde el año 95 se ha venido trabajando en distintas ordenanzas de regularización con mayor o menor éxito, pero a su vez apuntó que el documento aprobado hace unos meses en Chiclana "supone la punta de lanza de un proceso pionero".

El máximo responsable local manifestó que todo este esfuerzo por sacar adelante unas ordenanzas para regularizar edificaciones en suelo no urbanizable persigue "dotar de servicios básicos a todas esas viviendas afectadas". Al igual que Rosa Urioste, directora general de Inspección del Territorio, Urbanismo y Vivienda de la Junta, José María Román recalcó la necesidad de elevar la cultura urbanística, "en el terreno de uno no se puede hacer lo que se quiera y ahí es donde hace falta un cambio de cultura", precisó.

El alcalde desmenuzó el proceso de regularización de edificaciones y construcciones que contienen las nuevas ordenanzas. En este sentido, resaltó que tanto las obras como los modos de pagos se harán por fases. Explicó que los costes se harían a través de varios tramos: un primer desembolso entre de unos 1.500 euros; un segundo pago para la conexión que se elevaría, dependiendo de los casos, hasta los 12.000 euros. Este último paso podría abordarse con el reintegro de unos 5.000 euros para finiquitar el pago con otros 7.000 en una tercera fase. Quedaría un último pago para la carga en el Registro para regularizar la vivienda. Estos serían los importes, de forma generalizada, que expuso Román ante los asistentes. Pero, además, señaló que existe la fórmula de aplicar un canon a los afectados que se elevaría a unos 60 euros hasta los 20 años y que se incluiría en las contribuciones de tasas municipales como la basura o el agua.

Habló, asimismo, de la posibilidad de la denominada licencia exprés que facilitaría el inmediato 'enganche' de interesados a las conexiones de los sistemas generales de agua y alcantarillado.

"Se trata de una tarea de todos, hemos llegado a un conflicto de todos y , en especial, necesitamos la implicación vecinal", dijo Román al tiempo que reiteró que las ordenanzas "acogen y protegen a muchas viviendas con expedientes". El regidor, del mismo modo, también incluyó en su discurso lo que ha venido argumentado desde que se puso en marcha el proceso de regularización: "Los servicios los pagarán quienes vayan a disfrutarlos. No nos podemos mover de esa idea", concluyó.

Por su lado, la gerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Chiclana, Arántzazu Montero, abordó el proceso de regularización bajo el título de Áreas de Gestión Básica: una oportunidad. Al igual que Román, agradeció la participación vecinal "algo que ha enriquecido las ordenanzas". Además, apuntó que con este documento se ha querido buscar "un manto protector para no recurrir a la demolición". No en vano, Montero añadió que en Chiclana existen alrededor de medio centenar de expedientes con causas penales.