Provincia

40 nombres y 15.000 camiones

  • Varias decenas de políticos de los dos principales partidos han tenido responsabilidad en el proyecto fallido de Las Aletas

Septiembre de 2009. Comienzan los movimientos de tierra en Las Aletas. Semanas después llegó la primera sentencia del Supremo y todo quedó detenido. Septiembre de 2009. Comienzan los movimientos de tierra en Las Aletas. Semanas después llegó la primera sentencia del Supremo y todo quedó detenido.

Septiembre de 2009. Comienzan los movimientos de tierra en Las Aletas. Semanas después llegó la primera sentencia del Supremo y todo quedó detenido. / d. c.

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Cómo explicarle a la sociedad gaditana que, durante los últimos 11 años, alrededor de 40 responsables políticos de la Junta y el Estado, incluyendo dos ministros y un presidente andaluz, no fueron capaces de poner en pie un proyecto llamado, si no a revertir la tasa de paro de la provincia de Cádiz, sí al menos a reducirla considerablemente.

Juana Lázaro (subsecretaria de Hacienda y primera presidenta del Consorcio), Luis García Garrido (primer vicepresidente de Las Aletas, en nombre de la Junta), Concepción Gutiérrez, Fuensanta Coves y Antonio Fernández (consejeros de Obras Públicas, Medio Ambiente y Empleo en el momento del nacimiento del proyecto), Manuel Chaves y Pedro Solbes (presidente de la Junta y Ministro de Economía firmantes del primer protocolo de Aletas), Jesús Candil y Jesús Fernández (directores generales del Estado de Industria y Costas) ; Agustín Barberá (entonces viceconsejero de Empleo de la Junta), José de Haro (secretario general de Hacienda de la Junta), José Antonio Gómez Periñán (delegado del Gobierno de la Junta en Cádiz), José de Mier (delegado de la Zona Franca), Jacinto Cañete y Rosario Pintos (directores generales de Innovación y Medio Ambiente de la Junta).

Poco a poco fueron llegando relevos. Se incorpora el convenio con la UCA a través de su rector, Diego Sales; o el presidente de la Diputación, el socialista Francisco González Cabaña; y el entonces alcalde de Puerto Real, José Antonio Barroso. Estos dos últimos, como socios del Consorcio, poco tuvieron que ver en la toma de decisiones, como ocurriría en años posteriores. Con el paso del tiempo, en 2010, asumió la vicepresidencia del Consorcio Luis Pizarro, y junto a él otros viceconsejeros y altos cargos de la Junta, como Luis Nieto, Felicidad Montero, Justo Mañas o Juan Jesús Jiménez. Junto a ellos, otros altos cargos dependientes de los distintos ministerios implicados, como Juan Carlos Martín Fraguero, Alberto Valdivieso o Eduardo Roig.

En abril de 2011 asume la máxima responsabilidad de la Junta en Las Aletas un nuevo vicepresidente, Francisco Menacho. Junto a él, otra viceconsejera, Ana Patricia Cubillo. Ese mismo año, 2011, llegan José Loaiza como presidente de la Diputación, y Maribel Peinado como alcaldesa de Puerto Real. En 2012 toma el relevo en la presidencia del Consorcio otra subsecretaria de Hacienda, Pilar Platero, y llegan Manuel Jiménez Barrios, Fernando López Gil, Irene García (como presidenta de la Diputación), Jorge Ramos (como delegado de la Zona Franca), Antonio Romero (alcalde de Puerto Real), hasta llegar al actual responsable, Felipe Martínez Rico.

Hay que insistir en que la posición de los distintos alcaldes de Puerto Real, sobre todo Barroso y Romero, fue muy crítica con el papel residual al que se veía abocado el municipio. De hecho, el último de ellos está encabezando la representación de un proyecto alternativo al que acaba de morir y vinculado por completo al espacio medioambiental.

Unos más y otros menos, esos 40 nombres, de forma gradual, quedarán para la historia como quienes no lograron sacar adelante Las Aletas. Fracaso. Otro más. Y ninguno de ellos ha sido hasta el momento capaz de asumirlo, de decir esa sola palabra.

Quedará para la historia que un buen día de 2009 llegaron a comenzar las obras en Las Aletas. Era septiembre y, sólo un mes después, llegaba el varapalo judicial, el primero del Supremo, el que abría la vía jurídica que ha acabado tumbando el megaproyecto, de la mano de WWF (antes Adena).

Ese día de septiembre, el Consorcio de Las Aletas anunciaba el inicio de las obras y daba un dato: entrarían a formar parte de ese inmenso despliegue de movimiento de tierras nada menos que 15.000 camiones. Si llegaron a cinco, fueron muchos. La sentencia del Supremo detuvo todo.

Después de aquello llegó una segunda sentencia, pero nada achantó a este listado de nombres. Siguieron empeñados en lograr algo que, cada mes que pasaba, convencía a menos gente. El viernes, con ese titular que también quedará para la historia, quedó claro a efectos reales que ni esos 40 nombres ni esos 15.000 camiones sirvieron para lo que fueron contratados.

Esto fue lo que ocurrió pero, ¿qué se espera que ocurra a partir de ahora? Dando por sentado que todo nace fruto del acuerdo entre los dos grandes partidos (Administración General del Estado y Junta de Andalucía), es cierto que el protocolo suscrito entre Martínez Rico y Jiménez Barrios no dita mucho en sus objetivos de lo que ya existía con anterioridad (salvando el terreno protegido). Así, dicho protocolo señala que para las actividades productivas, "parece prioritario la implantación de una zona de actividades logísticas que permita la intermodalidad portuaria, ferroviaria y de carretera, así como la implantación de un parque empresarial y tecnológico que permita la creación de nuevas empresas y actividades generadoras de tecnología y empleo en la Bahía de Cádiz".

El desarrollo de esas actividades productivas requerirá, añade, "un análisis de las actuaciones a realizar que, podría incluir, entre otras, actuaciones de promoción, construcción, comercialización, administración y gestión de los terrenos, así como, en su caso, la ejecución de obras, instalaciones y prestación de servicios".

La actuación a desarrollar "aconseja la utilización de un modelo de gestión societario, basado en la existencia de una sociedad mercantil cuyo objeto social se identificará con la ejecución del proyecto a realizar". Las administraciones intervinientes en el proyecto definirán el modelo organizacional a desarrollar, a los efectos de concretar su estructura, las participaciones económicas, procedimientos en la toma de decisiones, etc.

Hoy, varios días después de ser conscientes de que Las Aletas ya no será lo que se pretendió, las dos principales administraciones parecen haberse puesto de acuerdo. En ello han tenido mucho que ver dos figuras políticas: el vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios; y el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz.

Ahora solo queda que no hagan falta otros 11 años para caer en la cuenta de que, por razones que nunca tendrán suficiente peso, la provincia de Cádiz tampoco vio crecer una de sus anunciadas criaturas.

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