La crisis pudo ser la excusa y las consecuencias de aquellos años de "excesos" las soportan los ciudadanos. Más allá de informes técnicos, de dossieres de déficits o de comportamientos en la frontera de lo delictivo, unos personajes aparecen en el centro de la diana: son los alcaldes. Quienes tienen que lidiar con los problemas de los vecinos, con el mantenimiento de los jardines, con la recogida de la basura y con la burocracia del día a día, hoy tienen un cometido superior, sobrevenido. Se llama 'leyes estatales'. Los ayuntamientos se ven sometidos a una serie interminable de normativas que se supone que están para ayudar, pero que generan, además, dos cosas: problemas y papeles. Se llaman Fondo de Ordenación, Fondo de Liquidez, Plan de Pago a Proveedores.... Así hay varias. En el fondo no son más que préstamos a unos ayuntamientos que si se tiran de un pico de la manta para taparse los hombros, se quedan con los pies al descubierto. Porque si estos ayuntamientos quieren 'disfrutar' de un poco más de liquidez tienen que cumplir con la norma que dicta quien les ofrece esa ayuda, sus particulares 'hombres de negro'. Que traducido resulta: planes de ajuste. Esos planes obligan a no poder cubrir plazas de quien se jubile , no contratar o no poder aprobar un presupuesto sin que lo revise Hacienda.

La provincia es campeona en echar mano de estas leyes superiores. Quien no tiene un plan ajustado al milímetro por ese sastre financiero que es Hacienda, tiene retenida la PIE. Esto no es más que suspender el pago que cada mes tienen que ingresar los consistorios como consecuencia de aplicarle el porcentaje de los impuestos que el Estado recauda en cada municipio. Y esto sin contar con la deuda viva, que refleja los millones que deben a los bancos.

Pese a todo, , en la provincia muchos alcaldes y sus equipos de gobierno están sobreviviendo, sacando cabeza, ahorrando. Incluso, a veces, quitando el rojo de los números. Tres de ellos cuentan su día a día.