El Juzgado de lo Penal número 3 de Cádiz ha condenado a seis meses de prisión y siete años de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito de prevaricación a Dolores Reyes Ramos, ex alcaldesa socialista de Chipiona. La sentencia estima probado que Reyes concedió una licencia para construir una nave industrial en suelo no urbanizable y especialmente protegido. La resolución absuelve al actual concejal de Urbanismo, José Moreno Duque, y a las ex concejalas María del Valle Romero y María Luisa Gallego, quienes votaron favorablemente la concesión de la licencia en una Comisión Municipal de Gobierno extraordinaria y urgente.

La pena impuesta por la sentencia coincide con lo solicitado por el fiscal de Medio Ambiente, Ángel Núñez, quien rebajó su petición inicial al admitir que hubo dilaciones indebidas en la causa. El fiscal partía con una solicitud en su calificación provisional de 18 meses de prisión y ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

La sentencia no es firme y contra ella cabe recurso ante la Audiencia Provincial de Cádiz. La licencia que ha llevado Dolores Reyes al banquillo fue aprobada, pese a que había informes contrarios a su concesión, el 23 de mayo de 2003, dos días antes de las elecciones municipales de ese año. Reyes fue en esos comicios como cabeza de lista del PSOE en Chipiona. Ganó las elecciones, continuó como alcaldesa y en octubre de 2004 dimitió. Actualmente es funcionaria del Ayuntamiento de Chipiona y trabaja en el Negociado de Estadística.

La licencia urbanística para construir la nave la solicitó en febrero de 2003 la empresa Ingeniería Flozaga Guterh S.L., que pretendía levantar en el punto kilométrico 0,700 de la carretera Chipiona-Sanlúcar una instalación para fabricar y reparar maquinaria agrícola.

El fiscal explicaba en su escrito de acusación que seis días después, el 12 de febrero, el Ayuntamiento ya tenía un informe sobre la solicitud elaborado por un ingeniero técnico municipal. Ese informe dictaminaba que no procedía la concesión de la licencia y argumentaba que, conforme al vigente Plan General de Ordenación Urbana, la empresa solicitante pretendía levantar la nave en suelo no urbanizable afectado por el Plan de Transformación en Regadíos Costa Noroeste de Cádiz. Agregaba que conforme al nuevo plan, en proceso de aprobación provisional, la clasificación del suelo era la de "no urbanizable, especialmente protegido, litoral y agrícola intensivo".

El mismo ingeniero emitió un nuevo informe en marzo del mismo año porque lo reclamó una colindante afectada. El fiscal señala que hizo constar en él que, además de lo ya dicho, la cimentación de la obra no cumplía con la separación mínima que marcaban los referidos planes, por lo que no procedía otorgar la licencia.

El concejal José Moreno Duque se mostró ayer satisfecho con la decisión judicial que lo ha absuelto y comentó que él votó a favor de la licencia porque se trataba de un bien de interés social. En aquella época, explicó el edil, en Chipiona no había suelo industrial disponible y el municipio tenía pendiente la aprobación de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).