Un paso enorme, de gigantes. Cuando un niño se decide a contar a un adulto que ha sido víctima de abusos sexuales por parte de alguien de su entorno más cercano (la mayoría de los casos se suceden dentro del propio ámbito familiar), aún no es consciente de la envergadura del asunto que acaba de destapar. En ocasiones, ni siquiera sabe exactamente si lo que ha hecho está bien o está mal. Pero, a pesar de no haber cumplido aún la mayoría de edad, tiene claro que necesita poner punto y final a una situación que lo está arrastrando a donde no quiere llegar.

El menor inicia entonces un difícil periplo en todos los terrenos, en el personal, en el familiar, en su vida cotidiana. El niño se siente culpable -más que víctima- por haber hecho públicos unos abusos cuyo agresor le insistió, a veces con amenazas, que mantuviese bajo el más estricto secreto, pues en caso de desvelarlos, él sería el responsable de provocar un cisma en el núcleo familiar. También en el escolar, si el menor señala a un profesor, a un monitor o a un entrenador de fútbol. La víctima no sólo tiene miedo de no ser creída. Teme ser el causante de una profunda crisis en su entorno más próximo.

Y por si este contexto no fuera ya lo suficientemente complicado, el menor tiene que iniciar un proceso judicial contra una persona en la que había depositado su confianza y que resultó ser un pederasta. Interponer una denuncia, acudir al juzgado, prestar declaración, ser evaluado por peritos, asistir a juicio... Un largo procedimiento que se le hace cuesta arriba y que puede llegar a suponerle una auténtica tortura.

Según datos aportados por la Fundación Márgenes y Vínculos, en los últimos nueve años se han denunciado en la provincia de Cádiz 950 casos de abusos sexuales a menores. Esta cifra no incluye las querellas registradas por este mismo delito en la comarca del Campo de Gibraltar (que lleva su propio censo). Por lo tanto, el número real y total de causas con menores víctimas de agresiones sexuales en Cádiz supera el millar. Más de mil en menos de una década.

Desde Márgenes y Vínculos especifican que sólo en 2016 se registraron 156 casos de pedofilia en la provincia. "Abusos ha habido siempre, pero ahora se destapan más gracias a que se han incrementado las labores de detección y también de prevención", explica María Jesús Orihuela, coordinadora del programa de Evaluación de Tratamiento de Menores Víctimas de Abuso Sexual.

"Antes había más casos 'invisibles' porque era la familia del niño la única que podía decidir si se querellaba o no contra el pederasta. (No son pocas las ocasiones en las que el círculo del menor opta por no remover más el tema). Ahora, sin embargo, la denuncia puede iniciarse desde diferentes ámbitos de trabajo. Profesionales sanitarios, de centros escolares, los propios Servicios Sociales o los psicólogos de un gabinete privado pueden -y deben- dar la voz de alarma para que Márgenes y Vínculos active el protocolo previsto para este tipo de causas, antes incluso de que se presente la denuncia en el juzgado", señala Orihuela.

Toda vez que el procedimiento entra en el juzgado, el niño asume un papel clave y al mismo tiempo difícil. Su testimonio es fundamental. Es la principal prueba de cargo. Ahora bien, el menor tiene que prestar declaración varias veces (en comisaría o en el juzgado, durante la investigación, ante los forenses, en el juicio...), rememorando en todas las ocasiones episodios sumamente traumáticos. Pasan años desde se formula la querella hasta que el juez dicta sentencia. "El niño víctima de abusos sexuales sufre así una segunda victimización", expone la coordinadora de la Fundación Márgenes y Vínculos.

Para evitar esta dilatada testifical que afecta sobremanera en el menor denunciante, se está implantando una nueva fórmula que facilita la forma de plasmar y recoger la versión del niño de una sola vez. Se trata de la prueba preconstituida. "Es una herramienta muy eficaz", apunta Orihuela. "En la fase inicial de instrucción, y cumpliendo con las garantías procesales de inmediación y contradicción -al igual que en la vista oral-, el niño víctima de abusos presta declaración en una sala con la única presencia de una especialista de la Fundación Márgenes y Vínculos. El menor está siendo grabado, si bien la cámara está lo más oculta posible". La coordinadora matiza que "en esos momentos iniciales, el chaval tiene todo en su cabeza más reciente, más fresco, y ofrece un testimonio espontáneo. Yo lo dejo hablar, que me cuente su vida, consiguiendo así una lectura emocional de los hechos denunciados muy diferente. No es lo mismo declarar con 13 años que con 16".

La prueba preconstituida no queda ahí. En otra sala aparte están los abogados tanto de la acusación particular como de la defensa, el juez y el fiscal. Todos formulan sus preguntas a la especialista de la fundación y después ésta se las traslada al menor, permaneciendo los dos solos. "Lo interrogamos de forma diferente, no como lo haría un tribunal. Nunca comienzo una pregunta con un porqué, eso inculca culpabilidad".

Una vez que finaliza esta entrevista, el secretario judicial -también presente- se lleva la grabación original en el mismo acto. La prueba es custodiada hasta el día del juicio y el menor ya no tiene que acudir más a sede judicial.

Cuando el niño atraviesa todo este camino que ahora se está intentando agilizar y cierra el proceso penal, se encuentra con lo que Orihuela denomina "justicia terapéutica". "El menor obtiene un resarcimiento, se siente creído. Su valentía ha tenido recompensa".