El lunes 7 de julio comenzará en la Audiencia Provincial el juicio del conocido como caso Terán, cuyo fiscal pide para el ex alcalde socialista de Sanlúcar Agustín Cuevas nueve años de prisión por la supuesta comisión de sendos delitos de falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos en una operación económica valorada en algo más de 9.000 euros cuando era concejal delegado de Fomento, en el año 1993.

Lo ha anunciado el Bloque de Progreso, partido al que pertenece actualmente Rafael Terán, el funcionario municipal que en julio de 1998 denunció ciertas irregularidades de la gestión económica del Ayuntamiento sanluqueño en la primera mitad de la década de los noventa, cuando era alcalde Manuel Vital (PSOE). El ex interventor del Consistorio de la ciudad Juan Manuel Castillo se enfrenta a una solicitud del fiscal de veinte años y seis meses de cárcel por la presunta comisión de los mismos delitos que Cuevas en ésa y varias operaciones más realizadas durante tales años "en connivencia" con otro empleado municipal y dos familiares del aludido. Las peticiones de prisión para esos tres procesados son de nueve años y ocho meses. En cuanto a Vital, quedó en su día exonerado de cargos judiciales, habida cuenta de que informes periciales caligráficos efectuados por la Guardia Civil certificaron que sus rúbricas en las operaciones bajo sospecha fueron falsificadas.

Este proceso judicial se centra, por un lado, en el abono de algo más de 9.000 euros a Cuevas, en aquel momento edil de Fomento, con destino a una escuela taller en virtud de un supuesto convenio de la Mancomunidad del Municipios del Bajo Guadalquivir y la empresa fantasma Nueva Ebanistería Bajo de Guía, figurando su firma junto a las de Vital y Castillo. Este acuerdo y el consiguiente mandato de pago para justificar "no respondían a subvención alguna realizada por el Ayuntamiento, sino que fueron confeccionados por los mismos procesados para dar cobertura a su actuación ilícita", según explica el escrito de calificación del fiscal refiriéndose a Cuevas y Castillo. Por otro lado, el entonces interventor municipal suscribió presuntamente varios pagos con un importe total superior a los 47.000 euros "por la compra de material y por la prestación de asesoramiento informático inexistentes", de tal manera que "incorporó las cantidades definitivamente a su propio patrimonio".

El Bloque de Progreso manifestó ayer su "satisfacción por el hecho de que tras diez años de espera se vaya a celebrar el juicio", destacando que "se acumula el trabajo para los abogados defensores de Agustín Cuevas después de su reciente revés en el llamado caso Sanlúcar". De acuerdo con la versión de la formación política en la que milita el funcionario que denunció los hechos, "cuando el PP y el PA pasaron a gobernar en Sanlúcar a partir de 1999 mantuvieron la confianza en Juan Manuel Castillo". "Hay que recordar que el todavía concejal del PP Marco Antonio Caballero incluso llegó a defenderlo públicamente", critica en un comunicado antes de apostillar que "quizá ahora quieran rectificar". Actualmente, gobernando en coalición el PSOE y Ciudadanos Independientes de Sanlúcar (CISanlúcar), Castillo trabaja en la Delegación Especial de La Jara del Ayuntamiento, cuya concejala responsable es la también diputada provincial del PSOE María José Valencia.

El partido denunciante, que carece de representación municipal, cree que "hay que acabar de una vez por todas con la corrupción en el Ayuntamiento". En este sentido, el Bloque de Progreso añade que "por eso hay que investigar las escandalosas presuntas prácticas ilegales que hayan podido cometer determinados políticos, en algunos casos incluso con la connivencia de ciertos técnicos municipales, al objeto de depurar las correspondientes responsabilidades".