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La investigación del régimen fiscal de Gibraltar continúa al margen del Brexit

La Comisión Europea (CE) afirmó ayer que la investigación abierta en 2013 sobre la ley gibraltareña de impuestos sobre ingresos para determinar si favorece a determinadas categorías de empresas, lo que iría contra las normas comunitarias, "avanza" sin estar vinculada a la negociación del Brexit.

"Está avanzando y no está relacionada con cualquier asunto del Brexit", confirmó la comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, en una rueda de prensa, preguntada por una investigación que comenzó hace cinco años.

Vestager aseguró que pese al tiempo transcurrido, la investigación está progresando, aunque explicó que ha habido "bastantes idas y venidas" a la hora de obtener y procesar información suficiente sobre el caso. "Es frustrante para los ciudadanos y también para todas las autoridades implicadas, no sólo para nosotros, sino también para otras", comentó.

La comisaria danesa recalcó que no hay una fecha límite para tomar una decisión sobre el caso. "A menudo pasa que podemos planificar cuándo tendremos una decisión, y entonces pasa algo y se añade información, partes terceras quieren ser escuchadas o las partes implicadas presentan problemas de procedimiento", comentó. En ese contexto, Vestager abogó por hacer prevalecer la calidad del caso frente a la rapidez para resolverlo.

La CE abrió la investigación en octubre de 2013 y la amplió un año más tarde bajo las órdenes del entonces titular de Competencia, Joaquín Almunia.

La Comisión investiga desde entonces si los 165 acuerdos tributarios entre las autoridades gibraltareñas y distintas empresas en 2011, 2012 y los ocho primeros meses de 2013, incluyen ayudas públicas ilegales a firmas que no generan sus ingresos en el Peñón. Según el Ejecutivo comunitario, Gibraltar introdujo una práctica de acuerdos fiscales que permite a las empresas pedir por adelantado la confirmación de si ciertos ingresos serán sometidos o no a impuestos en ese territorio. La investigación original al régimen fiscal gibraltareño se inició a raíz de una denuncia de España presentada en junio de 2012.

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