Viernes 29 de marzo. 11:30 de la mañana. María (nombre ficticio) accede a los juzgados de Los Balbos en la capital gaditana con un carrito de bebé vacío. Un amplio dispositivo policial aguarda tanto en la puerta como dentro de las dependencias judiciales. Una hora más tarde, María sale con el carrito ocupado. En él duerme su hijo de 13 meses. Ambos se montan en un taxi y se van.

El magistrado del Juzgado de Instrucción número 2 de Cádiz decide esa misma mañana que el bebé tiene que ser entregado a María, su madre biológica. Las preguntas surgen rápido: ¿Por qué el niño no estaba con su madre?, ¿por qué ha tenido que tomar parte un juez?, ¿a cuento de qué tantos policías custodiando un juzgado? No es fácil dar con las respuestas que surgen en torno a este procedimiento judicial, cuanto menos, singular.

La historia comienza hace dos años. María es de etnia gitana, menor de edad pero emancipada. Reside en la comunidad de Aragón. Allí se enamora de un joven también gitano. Pongámosle por nombre Juan. Al parecer, las respectivas familias no ven con buenos ojos la relación y la pareja protagoniza varias fugas por amor.

En el verano de 2017, los familiares de Juan recalan en Chiclana y María se va con ellos. El padre de la chica la reclama en la Comisaría Provincial de Cádiz. La menor acude y en su comparecencia asegura, según las fuentes consultadas por este medio, que quiere quedarse con sus suegros.

Al poco, María se queda embarazada. Da a luz en el Hospital Puerta del Mar de Cádiz y el pequeño nace con problemas de salud, por lo que debe permanecer unos 20 días hospitalizados. En ese tiempo, la tía del niño, la hermana de Juan, supuestamente inscribe al niño en el Registro Civil como suyo. Y lo hace en previsión a un plan que podría haber sido urdido por la abuela paterna, la matriarca del clan.

Cómo esta familia llega a sortear los trámites burocráticos, administrativos y sanitarios para inscribir al bebé a nombre de otra persona que no es la madre biológica es lo que está tratando de averiguar el magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Cádiz, que investiga a Juan, a su hermana y a su madre por los delitos de suposición de parto, suplantación de identidad y falsedad en documento oficial.

Según ha podido saber este periódico, María abandona su domicilio de Chiclana el 4 de julio de 2018, cuando el pequeño tenía cinco meses. Se marcha al Cuartel de la Guardia Civil y denuncia que está siendo maltratada por la familia de su novio.

María desaparece. Huye, sin su hijo, a Aragón, donde se reencuentra de nuevo con su padre y le cuenta todo lo que le ha pasado. El padre, que al parecer no sabía hasta entonces que ya era abuelo, reclama a su nieto “por las buenas” a cambio de retirar la denuncia de malos tratos. Como no lo consigue, amplía la denuncia e informa a las autoridades de la supuesta suplantación de identidad.

Una vez que este asunto llega a los juzgados y se inicia la investigación, el fiscal del caso solicita que el menor sea entregado a la madre biológica, como así se hizo el pasado 29 de marzo.

Ese día, el juez que dirige el procedimiento ordena que se adopten las medidas de prevención necesarias para que las familias maternas y paternas no se comuniquen. El objetivo no es otro que evitar situaciones de tensión y garantizar que la entrega se efectúe en condiciones normales. De ahí el amplio dispositivo policial desplegado a las puertas de los juzgados de instrucción de Cádiz.

Lo cierto es que no hubo ni tensión, ni peleas, ni enfrentamientos. Sólo lágrimas. Las de la madre biológica al recuperar a su hijo y las de la madre que aparece en el Registro al perderlo.