Una verdadera independencia judicial, más medios materiales y personales y mayores plazos para instruir los casos. Éstas han sido, grosso modo, las principales reivindicaciones que llevaron a jueces y fiscales de la provincia de Cádiz a secundar una huelga durante la jornada de ayer.

El seguimiento de este paro fue masivo, si bien los servicios mínimos que estuvieron operativos durante la mañana ayer fueron elevados. Varios jueces y fiscales acudieron a sus puestos de trabajo y atendieron diferentes asuntos urgentes (como las causas con presos) pese a sumarse a la convocatoria de huelga.Según datos aportados por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), en la provincia gaditana colgaron la toga 88 magistrados, 22 de la Audiencia Provincial y 66 de órganos unipersonales. En cuanto a los fiscales, 25 de los 33 que componen la planta judicial en Cádiz hicieron efectivo el paro.

Así, además de en la Audiencia Provincial de Cádiz, la convocatoria de huelga tuvo gran repercusión en los Juzgados de lo Mercantil y en los especializados en cláusulas suelo, donde el seguimiento fue del 100%. Otros juzgados que mostraron un gran apoyo a esta convocatoria fueron los de lo Penal, donde 4 de los 5 jueces secundaron el paro. En los Juzgados de Primera Instancia y en los de Instrucción, sin embargo, esta cifra se redujo al 50%. Por contra, el paro tuvo menor impacto en los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo y en los Juzgados de lo Social.

Sólo un Juzgado de lo Social de los tres que existen en Cádiz, el número 2, secundó la huelga. También un único Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de los cuatro que hay, el número 4, se unió a la jornada reivindicativa.

De otra parte, el Juzgado de Violencia de Género prestó servicios mínimos como es preceptivo en estos casos.

Reivindicaciones

A la una de la tarde, un nutrido grupo de jueces y fiscales se concentraron a las puertas del Palacio de Justicia gaditano para dar lectura a un manifiesto en el que exponían sus quejas y reclamaciones. Estos criticaron las evidentes intromisiones del poder legislativo en el poder judicial, mediante las cuales se han promovido los nombramientos del presidente del Tribunal Supremo y del Poder Judicial. Desde hace largo tiempo, aducen, se viene obviando lo lógico: que sean los profesionales de la Justicia quienes decidan quiénes deben ser sus representantes en los altos estamentos jurídicos del Estado y no los partidos políticos.

"Hoy, más que nunca, los jueces y fiscales tenemos que salir a defender el Estado de Derecho y la separación de poderes", refleja dicho comunicado. "Un Consejo General del Poder Judicial elegido por las fuerzas políticas va a generar siempre dudas sobre la independencia de la Justicia, con el riesgo evidente de mermar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones".

Los fiscales, por su parte, exigen que se derogue el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, "que impuso el Gobierno del PP en 2015 sin tener en cuenta la situación real de los juzgados". Dicho artículo establece plazos límites (seis meses, en ocasiones prorrogables) para investigar las causas criminales. Los fiscales entienden que no se deben fijar fechas límites en la fase de instrucción "sin un aumento de medios personales y materiales".

"Es un peligro que se estén sobreseyendo asuntos ordinarios por el vencimiento de esos plazos", denuncia la Fiscalía gaditana. "Y lo que es más escandaloso, que se estén archivando casos de corrupción política, como por ejemplo ha ocurrido en Ceuta, por no poder cumplir con esos periodos".

Jueces y fiscales demandan también más medio materiales y personales, mejoras salariales (el Ministerio de Justicia acumula 15 años sin convocar la mesa de retribuciones) y los mismos permisos, especialmente de paternidad, que los demás trabajadores.