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Provincia de Cádiz

El gobierno provincial insiste en la "salud económica" de la Diputación

  • Jesús Solís afirma que el presupuesto de 2017 se cerró con 16,5 millones de superávit y que el pago a proveedores vuelve a 59 días

Jesús Solís.

Jesús Solís.

La Diputación de Cádiz sacó ayer pecho de su estado económico con los datos de la liquidación del presupuesto de 2017, que se cierra con un superávir de 16,5 millones de euros. Después de los requerimientos del Ministerio de Hacienda, por superar el plazo de periodo medio a proveedores, con el ultimátum de una posible retención de la participación de los ingresos del estado (PIE), el responsable del área de Servicios Económicos de Diputación, Jesús Solís, incidió en que la institución cumple "todos los parámetros legales que acreditan la salud económica de una entidad pública: estabilidad económica, regla de gasto y límite de endeudamiento". Además, afirmó que en el mes de abril el pago a proveedores se ha tasado en 59 días.

Solís explicó que Diputación cerró el presupuesto de 2017 con una liquidación positiva de 16,5 millones de euros. Los remanentes de tesorería para gastos generales se cifran en 30 millones y que los dos saldos citados son términos consolidados, es decir que corresponden a la actividad de Diputación y de los organismos y empresas públicas dependientes de la institución provincial. "El equipo de gobierno que preside Irene García acreditó el pasado ejercicio unos óptimos grados de ejecución sobre las previsiones presupuestarias, cumpliendo el 85 por ciento de los ingresos (230 millones en cifras absolutas) y el 80% de los gastos (213 millones). El endeudamiento se fijó en un 62% de los recursos liquidados, 40 puntos menos que hace tres años cuando empezó la andadura del actual gobierno provincial y 50 puntos menos del límite legal. El ahorro neto superó el 19%", defendieron desde la institución provincial.

El diputado añadió que esos registros no responden a una visión austera del ejercicio político, sino todo lo contrario: "Hemos llevado al límite el gasto imputable que nos autorizaba el Ministerio de Hacienda". Diputación, conforme a las exigencias de la normativa estatal, podía asumir un gasto máximo de 172 millones de euros, "y en una decisión casi de ingeniería contable hemos podido invertir 170 millones". El responsable de Servicios Económicos ha aprovechado esta rendición de cuentas para insistir en una reivindicación que las entidades locales reclaman ante el Ministerio de Hacienda: la opción de destinar todo superávit y remanente positivo en inversiones que necesite la ciudadanía.

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