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No hay gasolina para el 'maserati' de la sanidad

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"Nuestro problema es que nos hemos comprado un maserati y no podemos mantenerlo. Necesitamos un coche, un Seat, pero no estamos en condiciones de tener un coche de lujo. Tenemos que reconocer esa situación. Cataluña ha sido la primera en hacerlo, la primera que ha dicho que tenemos un problema brutal. Cataluña tiene una red de hospitales comarcales excelente, pero nadie comprobó si ese servicio era asumible económicamente. Y no lo es (...) Andalucía tendrá que hacer lo mismo que Cataluña". Cuando uno de los principales estudiosos españoles en gestión sanitaria, Luis Salvador Carulla, pronunció estas palabras en diciembre del pasado año alimentó un debate en el que muchos profesionales del SAS le daban la razón. La idea general era que la gratuidad -más allá del 'lo pago con mis impuestos'-, vista desde dentro, era inviable.

Nueve meses después, los gestores de la Sanidad andaluza hacen malabarismos con el lenguaje para negar lo que cada día se proclama en las puertas de los hospitales, con el personal indignado por ser ellos los que van a pagar con sus sueldos la factura que exige Madrid, la factura de la tijera.

La defensa de la Junta de Andalucía es que el SAS empezó hace tiempo a realizar una gestión distinta, centralizando bolsas de compras a los proveedores y racionalizando el gasto farmacéutico. La consejera, María Jesús Montero, defiende que "la crisis nos ha hecho más creativos". Gracias a esa creatividad, se gasta en Sanidad 3.600 millones de euros menos que hace cuatro años, una cantidad que no conmueve en Madrid a la hora de exigir más recortes. El SAS, en 2008, no gastó 156 millones previstos en inversiones; redujo 332 millones en 2009 en atención sanitaria y, en 2011, realizó un presupuesto que era 642 millones menor que el ejercicio anterior. Andalucía ha bajado en el ratio de lo que gasta en sanidad por habitante. Ahora está en 1.245 euros, frente a los 1.288 de Euskadi. El maserati del que hablaba Luis Salvador, podría pensarse, va perdiendo año a año su lujoso aspecto.

La Junta dice que nada de esto está afectando al usuario. Y así parece si en lo que nos fijamos es en los tiempos de espera quirúrgica de los cuatro grandes hospitales de la provincia. La mayor tardanza en una operación se da en las mastoidectomías en el Campo de Gibraltar, con 85 días de espera, algo que es una excepción, dado que los tiempos de espera medios, al cierre del pasado ejercicio, eran de 46 días en Jerez -el menor- y 53 en Puerto Real -el mayor-. Las cifras de este año ya no van a ser tan buenas. El propio Ministerio de Sanidad hacía pública la encuesta del primer semestre y, sin provincializar, afirmaba que el tiempo de espera medio para ser operado en nuestro país había aumentado en 17 días, acercándose a los 75. Acercándose, por tanto, a la masteidoctomía del Campo de Gibraltar, la operación de mayor retraso de la provincia. Lo excepcional amenazando con ser normal.

Muchas de las camas que, como cada verano, dejaron de utilizarse hace doce meses, no han vuelto a tener uso desde entonces, más de 200 en toda la provincia. Se han cerrado plantas. Los ambulatorios dejarán de dar servicio casi en su totalidad por las tardes. Las urgencias hospitalarias, la línea de choque, es más que probable que este verano registren una afluencia superior. Nos olvidamos de antiguas aspiraciones como habitaciones individuales, nuevos hospitales... Pero, cuidado, esto entra dentro del estado de la comodidad, no del de bienestar. ¿Hasta dónde se puede deteriorar realmente el estado del bienestar relacionado con la enfermedad y el dolor?

El avance de la sanidad pública en la provincia es incontestable en un dato: vivimos más. En 1980 un bebé, varón y gaditano, tenía una proyección de vida media de 70 años; en 2011 un bebé varón y gaditano nace con una proyección de 80 años. Es decir, una mejor Sanidad otorga una década de vida más al bebé nacido en 1980. Si nos situamos en un hombre que llegó a los 65 años en 1991, su proyección de vida era de 16 años. Si se ha llegado a los 65 años en 2011 su proyección roza los 19 años y, en la mitad de los casos, con una alta calidad de vida, es decir, sin grandes achaques, hasta los 70. Todos estos datos aparecen en los indicadores básicos demográficos que publica el Instituto Nacional de Estadística.

Dentro de lo que se conoce como los indicadores clave del sistema de salud, encontramos logros muy concretos de nuestra sanidad. En 2005 la mortalidad prematura (antes de los 75 años) por cáncer afectaba a 113 habitantes de cada cien mil; en 2010 era 108. En cardiopatías eran 34 por cada cien mil en 2005; en 2010, eran 26. La mortalidad infantil ha pasado en poco más de cinco años de una tasa ya baja de 4,3 por cada mil a 3,9 por cada mil. Nuestra sanidad salva vidas y hace que las vidas alargadas sean más vivibles. Salva tantas que es incluso objeto de turismo sanitario.

El estudioso Luis Salvador defiende que esas cifras son las innegociables. La sanidad tiene que seguir salvando vidas, pero hay que eliminar lo superfluo. Y aquí viene el conflicto: ¿qué es lo superfluo? El Gobierno se lava las manos. Son las autonomías las que tienen las competencias y tendrá que ser Andalucía la que decida dónde recorta.

En el dolor, quizá. El estado de bienestar protege a la población dependiente. Una de las banderas de la sanidad andaluza fue la reforma psiquiátrica de 1984 que cerraba unos centros de sufrimiento llamados manicomios. El centro de sufrimiento se trasladó, en muchos casos, a las familias. Ajustar esa situación ha supuesto años y millones de inversión. A la inversa sucedía con el déficit de la provincia en plazas geriátricas. Hasta 2009 la provincia no se equiparó al resto de la región en este aspecto. ¿Y qué pasó entonces? El primer efecto palpable de la crisis. La ley de dependencia daba la opción a las familias de cobrar por cuidar a sus dependientes . Los que menos recursos tenían encontraron en sus dependientes una fuente de ingresos. El Estado cedía a las familias, como había hecho con la reforma psiquiatra, la responsabilidad del bienestar de esas personas. La ley de dependencia, otra bandera andaluza, ha sido la víctima de la debacle económica. Y no podemos tener estadísticas que midan el dolor de los que no pueden protestar.

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