Un alquiler que nadie asume. Eso es lo que piensa el empresario Antonio Rodríguez que, en 2008, firmó un contrato de alquiler con el Ayuntamiento de Villamartín, entonces gobernado por el Partido Socialista, para que la entidad municipal dispusiera de uno de sus locales en la Fuentezuela, zona conocida del pueblo. A su vez, el Consistorio cedió ese inmueble, a través de un convenio, al Grupo de Desarrollo Rural (GDR) Sierra de Cádiz para que se instalara en la localidad, y la institución municipal pagó la renta del alquiler hasta 2012.

Con la entrada de los andalucistas al Ayuntamiento se rescindió el contrato con el propietario, con fecha del 12 de diciembre de 2012, y hasta ahora ninguna de las dos instituciones ha asumido el pago de los 83.900 euros que reclama el empresario.

El empresario requiere a la Policía Local para que levante un acta sobre el inmueble

"El GDR me dice que no tiene una relación contractual conmigo y que no le corresponde pagar ese alquiler. Y el Ayuntamiento me contesta que desde 2012 no tiene ninguna vinculación con esa renta porque se rescindió ese contrato hace cinco años", añade el propietario. Así las cosas, Rodríguez dice sentirse superado por la situación porque "el dinero de ese alquiler municipal no lo percibía, lo compensaba a través de impuestos locales. Ahora me veo con la subasta de otra nave, para el próximo 15 de septiembre, por una deuda municipal de 40.000 euros por no pagar el IBI cuando a mí se me deben 83.900 euros".

Lo cierto es que hasta el día de hoy, el GDR mantiene su actividad en este inmueble de Villamartín. De hecho, el propietario requirió ayer a la Policía Local para que levantara acta sobre la actividad en el edificio, personándose los agentes al mediodía y comprobando que se encontraba personal trabajando. El presidente del GDR, Alfonso Moscoso, defendió que a la entidad que representa "se le cedió este local, sin costes de alquiler, en virtud del convenio que firmó en su día con el Consistorio serrano".

También anotó Moscoso que el alcalde de Villamartín, Juan Luis Morales, ha ofrecido al GDR otra sede para instalarse en otra parte del pueblo "en las mismas condiciones actuales", es decir sin costes por alquiler, y se materializará en agosto. Por su parte, el regidor Juan Luis Morales, explicó a Diario de Cádiz que cuando el Ayuntamiento rescindió el contrato con el empresario "se suponía que el GDR y el propietario debían ponerse de acuerdo para pactar unas condiciones nuevas, que yo pensaba que habían hecho, pero no fue así", dijo. Y añadió Morales: "Cuando supe de la situación límite de este propietario, nos pusimos a buscar un espacio para liberar este local que es suyo". El alcalde de Villamartín cree que transcurrido este tiempo las partes "tendrán que establecer una negociación para llegar a un acuerdo económico por la parte que no ha podido cobrar el propietario", concluyó.