El futuro de los parques eólicos en el mar de Trafalgar sigue en el aire después de la evaluación ambiental de la costa española realizada por el Gobierno, que determina las zonas de exclusión, las zonas con limitaciones y las zonas aptas para la explotación de energía eólica en todo el país. En la provincia, el documento sólo considera adecuada -"sin incompatibilidad alguna"- para la instalación de aerogeneradores una franja de unos 30 kilómetros de longitud que se extiende en paralelo a la costa de Trafalgar, entre Conil y Barbate, a alrededor de 40 kilómetros de distancia de la playa. Fuentes del proyecto de Acciona, el más solvente de los presentados en Cádiz con 2.000 millones de euros de inversión y más de 600 megavatios de potencia, explicaron ayer que las actuaciones en el espacio señalado como "apto" por el Gobierno son inviables.

La zona está demasiado alejada del litoral, lo que dispara los costes de instalación del parque, y además el mar supera allí los 70 metros de profundidad, mientras que el plan de Acciona está preparado para anclar aerogeneradores a una profundidad máxima de 40 metros. "Con las tarifas que hay -de energía eléctrica- y el encarecimiento que supondría llegar hasta allí, cualquier proyecto es inviable en estos momentos", analizaron las fuentes del plan de Acciona, cuya ubicación comienza a 13 kilómetros de la playa y termina a más de 30 kilómetros de la costa de Trafalgar.

El Gobierno central prohíbe la instalación de parques de energía limpia a menos de 8 kilómetros de la playa en todo el país con el objetivo de establecer una franja de protección paisajística.

Por eso, todos los complejos off-shore con expectativas de prosperar en Cádiz tendrán que plantearse en un espacio calificado como "zona con limitaciones", en el que los desarrollos están "condicionados por algún factor" y "sus efectos deberán ser analizados en el diseño de cada plan".

El informe de sostenibilidad ambiental del Gobierno admite los posibles efectos adversos de los parques marinos sobre el entorno. El estudio reconoce, por ejemplo, que los aerogeneradores "implicarán necesariamente la exclusión total o parcial de determinadas actividades pesqueras en las zonas de instalación", y señala los posibles efectos negativos sobre las rutas migratorias de peces o cetáceos. También invita a considerar el efecto visual de los complejos, sobre todo en áreas de interés turístico y paisajístico, su influencia en la seguridad del tráfico marítimo y su incompatibilidad con la conservación del patrimonio arqueológico sumergido, entre otras cuestiones.

Los promotores del sector tendrán que garantizar a través de estudios exhaustivos que sus iniciativas no atentan contra ninguna de estas cuestiones ambientales y productivas. Después, los proyectos tendrán que superar la selección de un comité de expertos y completar la declaración de impacto ambiental.

Las fuentes consultadas del proyecto de Acciona, que se sustenta sobre tecnología gaditana y fue presentado al Gobierno el pasado 1 de octubre, valoran los requisitos que se han establecido. "Es un paso positivo. Son las mismas cuestiones que hemos tenido en cuenta durante doce años de búsqueda y otros cinco de estudios sobre el terreno para elegir una zona en la que no existan impactos de ningún tipo. Se descartarán proyectos mercantilistas y se favorecerán los planes comprometidos con la sostenibilidad", opinaron desde el plan de Acciona, que aguarda movimientos del Gobierno en la regulación de una industria inédita en el país.

El proceso de selección de proyectos de energía renovable en el mar se prolongará durante años de trámites administrativos. El mapa de áreas de explotación presentado esta semana se aprobará en enero. A partir de entonces, las empresas presentarán proyectos y solicitarán una reserva de zona para investigar las posibles afecciones ambientales y cuestiones no contempladas aún por el Gobierno como la evacuación de la energía eléctrica.

Con las modificaciones oportunas, los proyectos volverán a concurrir. Se prevé que muchos se solapen en espacios concretos. Por eso, un comité de evaluación , integrado por representantes de cinco ministerios y de la Comunidad en la que se sitúe el complejo, determinará qué promotor es el mejor y le asignará la zona de reserva para investigar la rentabilidad del parque eólico.

Después, Industria y Medio Ambiente abordarán la declaración de impacto ambiental que exige la ocupación de dominio público marítimo terrestre.

Los plazos previstos emplazan cualquier desarrollo a la próxima década. El director general de Evaluación y Calidad Ambiental de Medio Ambiente, Jaime Andrade, avanzó que las primeras instalaciones de este tipo en España no comenzarán a construirse hasta 2010, "en el mejor de los casos", informó Efe. Otros expertos vaticinan que no habrá aerogeneradores en el mar hasta 2014.

El avance de la regulación del sector provoca una oleada de rechazo político y social en Cádiz

El último paso del Gobierno en la regulación de la energía eólica marina, que condiciona el futuro de esta industria en la provincia aunque abre opciones de desarrollo en Trafalgar, provocó ayer una nueva oleada de rechazo de alcaldes, colectivos vecinales y partidos políticos. La oposición social, que será valorada por el Gobierno a la hora de adjudicar proyectos, es hoy el mayor obstáculo a la instalación de aerogeneradores en aguas gaditanas.

La plataforma contra los parques eólicos en Trafalgar, impulsada por cofradías de pescadores, ciudadanos y representantes municipales de Barbate, Conil y Vejer, insiste en que la costa de La Janda debe ser declarada "zona de exclusión" de las explotaciones marinas y anunció ayer que presentará alegaciones al informe elaborado por el Gobierno. La plataforma recordó las declaraciones del presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, en las que se comprometía a no permitir la instalación de aerogeneradores en Trafalgar siempre que no exista consenso social.

La ejecutiva provincial del PSOE actualizó este compromiso a través de su secretario de relaciones institucionales, Federico Pérez Peralta, que también es vicepresidente de Diputación. "La posición del PSOE sigue siendo la misma, la misma que se recogió en la proposición conjunta aprobada en la Diputación el 19 de septiembre en la que se instaba a los Ministerios de Industria, Turismo y Comercio, Medio Ambiente y Agricultura y Pesca a que declarasen zona de exclusión la costa de la Janda por no reunir los requisitos necesarios".

Pérez Peralta adelantó que él y el diputado Salvador de la Encina han mantenido una reunión en Madrid con los responsables del Gobierno en esta materia "en la que la respuesta por parte de la Administración fue tajante: respetar la voluntad de los andaluces expresada a través del presidente de la Junta de Andalucía".

El Partido Andalucista (PA) denunció que el informe del Gobierno "es una prueba más del doble lenguaje que utilizan los socialistas con el proyecto eólico en Trafalgar". El concejal de esta formación en el Ayuntamiento de Vejer, Daniel Sánchez, tachó el estudio como una "cortina de humo donde los socialistas juegan a la ambigüedad que supone clasificar Trafalgar como una zona apta con condiciones para contener la alarma social. "Mientras el PSOE local y provincial se oponen al proyecto, desde el Gobierno central primero se aprueba el decreto para la instalación de parques eólicos, después se prepara el puerto de Barbate como base para trabajar en los mismos, y ahora, se elige Trafalgar como zona apta para su desarrollo", criticó Daniel Sánchez.

El alcalde de Barbate, Rafael Quirós (PSOE), señaló que "hay motivos suficientes" para no instalar aerogeneradores en una zona de "clarísima vocación turística", mientras que su compañero en el Ayuntamiento de Vejer, Antonio Verdú (PSOE), aseguró "desde la más absoluta tranquilidad" y "sin ningún tipo de duda" que "no habrá parques eólicos marinos en la zona sin consenso".

El alcalde de Conil, Antonio Roldán, de Izquierda Unida, rechazó la declaración de parte de Trafalgar como zona compatible con la energía eólica marina. "Es sorprendente que tengamos estas noticias después de que todos los ayuntamientos afectados y la Diputación se hayan manifestado en contra de estas iniciativas y hayan solicitado que la costa sea zona de exclusión para los parques", lamentó Roldán.