Dinero llama a dinero. Es la expresión que mejor resume la estrategia del Estado y la Junta con las nuevas medidas de estímulo de la economía local. La inyección directa de capital en los ayuntamientos es una medida de choque que persigue dos objetivos claros: volver a poner en marcha las hormigoneras en las pequeñas y medianas obras y, de paso y no menos importante, engrasar la máquina municipal antes de que ésta gripe.

La reactivación de la construcción a nivel local pretende ser el complemento a las grandes licitaciones públicas de infraestructuras y de viviendas de protección oficial. Los consistorios podrán aportar su granito de arena para estimular la economía con la contratación de obras de todo tipo, desde la construcción de pequeños equipamientos (el presupuesto máximo por proyecto debe ser de cinco millones de euros) y la reforma o mantenimiento de instalaciones hasta la renovación del pavimento de calles.

El efecto primario será, por lo tanto, el rescate de las empresas vinculadas con el ladrillo y la reducción del desempleo en este sector. Pero hay otros secundarios no menos importantes que redundarán en beneficio no sólo de la economía general, sino también de la propia de los ayuntamientos. No se trata de poner un parche para acallar la demanda de reforma del sistema de financiación local, que seguirá activa en tanto haya consistorios incapaces de afrontar los muchos gastos que soportan, sino de insuflar un poco de oxígeno a estas instituciones para evitar que lleguen a una situación de asfixia total a causa de la crisis.

Por un lado, el aumento de la actividad permitirá mantener la recaudación fiscal, o, al menos, amortiguar la caída desenfrenada que se ha producido este año. La fórmula es sencilla: los negocios resurgirán y, con ello, volverán a pasar por caja a través de gravámenes como el IVA, el Impuesto de Actividades Económicas (para aquellas empresas cuya facturación supere el millón de euros) o la tasa de apertura de establecimientos. Las empresas volverán a contratar a trabajadores y estos, además de dejar de cobrar la prestación por desempleo, cotizarán a la Seguridad Social y tendrán mayores ingresos con los que hacer frente al Impuesto de la Renta de Personas Físicas (IRPF). Y, por último, el regreso del trabajo y de los salarios a los hogares estimulará el consumo, y si hay más demanda, crece la oferta y se da alas al comercio local, lo que, a su vez, también proporcionará mayores recaudaciones tributarias, aunque éstas ya generales y no sólo específicas de la construcción.

Los beneficiarios de esta cadena de estímulos serán tanto la Administración estatal como la municipal porque además de los tributos puramente locales (como el IBI o las tasas de obras, apertura de establecimientos o vehículos), los consistorios también perciben una Participación de los Ingresos del Estado (PIE), que no es otra cosa que un porcentaje de la recaudación nacional de impuestos tan importantes como el IRPF, el IVA, el IAE, el impuesto de Hidrocarburos o el del alcohol. Esta aportación del Gobierno central aparece consignada en los Presupuestos como transferencias corrientes y éstas representan entre la cuarta parte y la mitad de los ingresos de un ayuntamiento. Por ejemplo, en 2007, en Algeciras significaron 25 de los 110 millones ingresados; en Cádiz, 44 de los 131 totales; y en Puerto Serrano 2,4 de sus 4,3 millones.