Con contundencia, los profesionales de la economía gaditana no han dudado en marcar tres objetivos como causa de que la provincia de Cádiz no despegue y se encuentre en la situación actual. La primera de ellas, la labor de las administraciones públicas que, a su juicio, son un factor negativo para el crecimiento económico y empresarial de la provincia. Esta es una de las conclusiones generales de la encuesta realizada por el Colegio de Economistas de Cádiz a sus asociados en el primer semestre de 2017, sobre el papel de los organismos públicos y su influencia en la economía provincial. Los economistas colegiados de la provincia entienden que, además de una reducción de las administraciones públicas, es necesaria “una reordenación de las mismas y una delimitación de sus competencias”, al tiempo en que defienden una simplificación legislativa “encaminada a aumentar la seguridad jurídica en la actividad económica y una mayor implicación de las administraciones en la creación de planes de desarrollo económico más orientadas a la realidad y necesidades de nuestra provincia”, precisan. 

Pero no es el único factor en contra. Según este análisis dado a conocer esta mañana, el nivel de formación de la población y las condiciones del mercado laboral también son factores negativos. Así, los economistas proponen aumentar la calidad del nivel de formación en el ámbito provincial y para ello sugieren “el establecimiento de un sistema educativo, estable en el tiempo, que abarque todas las etapas y que fomente valores como esfuerzo, mérito y compromiso”. También plantean potenciar la enseñanza de idiomas, la coordinación entre los planes de estudio y las necesidades reales del mercado laboral con la participación de empresas y colectivos profesionales en la confección de los mismos y, finalmente, el refuerzo de la formación profesional en aquellas ramas que presentan una mayor carencia en la provincia. 

En cuanto a las iniciativas para dignificar las condiciones del mercado laboral, en el estudio del Colegio de Economistas de Cádiz se sugieren, entre otras, el impulso de la contratación indefinida mediante la reducción de cargas sociales que soportan las empresas.