Justo un año después de arrancar, la operación Obra Nueva, que emprendiera la Guardia Civil para desmantelar una extensa red dedicada a la regularización de viviendas ilegales en Chiclana, suma tres nuevos implicados. Un hombre y dos mujeres son los últimos encartados en la red conformada por un heterogéneo grupo de profesionales relacionados con la promoción, construcción y venta de viviendas, que se dedicaba a conseguir regularizar inmuebles ilegales mediante el certificado de un técnico que acreditaba una antigüedad suficiente en las construcciones para la prescripción de la irregularidad (que vence a los cuatro años) y que, al tiempo, permitía a los titulares la solicitud de un préstamo hipotecario tras la fraudulenta inscripción en el Registro de la Propiedad.

Según ha podido saber este diario, estos tres nuevos implicados se encuadran en el último eslabón del entramado cuya cúpula desmantelara la Guardia Civil el verano pasado en Chiclana, el conformado por propietarios de terrenos y vivienda s ilegales.

El hombre, Francisco Javier R.L., fue detenido este pasado miércoles. Fue citado en las dependencias de la Comandancia para, una vez allí, darle cuenta de su detención. Se le atribuye un presunto delito de falsedad documental así como otro de estafa. Y es que, según ha podido saber este diario, Francisco Javier R.L. habría obtenido un préstamo hipotecario para rehabilitar una casa fantasma, presentando un certificado que acreditaba la existencia de un inmueble levantado hacía más de cuatro años. Fue puesto a disposición de la titular del Juzgado de Instrucción 3 de Chiclana, al cargo del asunto, quien lo dejó en libertad con cargos.

Las mujeres , Milagrosa B.F. y Josefa G.H., son también propietarias de fincas. Ambas se han visto implicadas al serles imputados sendos delitos de falsedad documental. Las dos presuntamente presentaron en Notaría un certificado falso de antigüedad de viviendas levantadas en sus respectivas fincas que no existen. Estos tres últimos casos de fraude y estafa se han registrado en terrenos situados en el Camino de Algodonales, en El Marquesado.

Fue hace justamente un año, en mayo de 2007, cuando un particular puso sobre aviso a la Guardia Civil de la existencia de esta mafia urbanística en Chiclana, un vecino que otorgó un poder notarial a un corredor inmobiliario que le prometió la venta de una finca suya. Al darse cuenta de que habían falsificado datos de su propiedad (como la división en cuatro fincas con una vivienda en cada una cuando no había inmueble alguno) interpuso la denuncia que dio paso a la investigación que emprendió la Guardia Civil de forma coordinada con la Fiscalía de Medio Ambiente.

Además, la Guardia Civil habría detectado irregularidades en más de 200 hipotecas impulsadas por esta trama. Más de 100 se habrían tramitado en oficinas de Unicaja y 60 en el Banco de Andalucía. En este último caso, el resultado fue trágico: el director de la sucursal del Banco de Andalucía de la avenida de Ramón de Carranza de Cádiz, Manuel Lavié, apareció ahorcado en su oficina. Se habría quitado la vida al sentirse "engañado" por una "trama" que habría logrado tramitar en su sucursal hasta 37 hipotecas fraudulentas y al comprobar que los miembros de esta red habían amenazado a su familia, según dejó escrito de su puño y letra en una carta.

La operación también ha salpicado a otro director de banco, aunque de otro modo: el responsable de la sucursal del Banco de Santander de la avenida de Las Cortes, de Cádiz, Enrique Antonio A.A., fue detenido por un presunto delito de estafa. Junto a él, fue arrestada otra empleada del banco, una auxiliar administrativo, pluriempleada en un bufete de abogados de Chiclana. Y es que no hay que olvidar que es a un abogado, José Ignacio R.G., al que la Guardia Civil considerada pieza fundamental de esta trama al haber actuado como intermediario entre los distintos estamentos implicados.

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