Si bien es cierto que fue en noviembre de 2016 cuando la Junta de Andalucía anunció la apertura de un expediente ante el Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, dependiente de la Consejería de Economía, resulta cuanto menos casual que la resolución de este organismo llegue en un momento en el que el nivel de decibelios ha alcanzado cotas inesperadas.

Hace ahora tres semanas, el empresario gaditano anunció que abría gratis las Urgencias de San Rafael. Este ofrecimiento que José Manuel Pascual hacía a los gaditanos fue pronto rebatido por la Junta de Andalucía advirtiendo a la ciudadanía de que el dueño de esta clínica estaba poniendo en peligro a los pacientes al crear confusión con este anuncio.

En tono firme, la propia consejera de Salud, Marina Álvarez, le avisó de que si no dejaba "de generar confusión" tomaría "medidas oportunas".

Dos semanas después llega esta resolución que pone en la picota al empresario gaditano.

Esta porfía es el último capítulo de una saga plagada de desencuentros que han dejado en la cuneta más de un millar de puestos de trabajo, sobre todo, en los momentos en los que la relación entre la Junta y Pascual no ha pasado por sus mejores momentos.

La tensión suele elevarse cada vez que hay que renovar los conciertos. Mientras la Junta se lo piensa, José Manuel Pascual sigue dando servicio a sus pacientes a precio de clínica no concertada. Llegado el momento, el empresario gaditano pasa sus facturas a la Administración andaluza con cifras que nunca le han hecho demasiada gracia al SAS, que las considera abusivas.

Entre duelo y duelo, ambos contendientes se guardan las facturas, de manera que la Junta ha llegado a acumular deudas con el dueño de San Rafael por un valor de más de 129 millones de euros.

Ahora la Junta es la que obtiene una resolución favorable por un órgano creado bajo el paraguas de la Consejería de Hacienda.

En ocasiones anteriores fue el empresario quien ganaba. Cabe recordar la sentencia del TSJA que se hizo pública a mediados de noviembre de 2016 que obligaba al Servicio Andaluz de Salud (SAS) a pagarle a Pascual 14 millones de euros por una serie de servicios prestados a pacientes derivados de la sanidad pública en mayo de 2014. Estos pacientes pasaron por instalaciones de Pascual en un período en el que no había concierto vigente.

Para más inri, hay una sentencia, también del TSJA, que ya hablaba de los precios de los servicios en períodos entre conciertos. La misma indicaba que "es cierto que los precios han sido fijados por la parte actora de forma unilateral, pero los mismos fueron notificados a la Administración que los conocía, e igualmente se indica el número de los servicios prestados y su importe, sin que la Administración haya efectuado prueba alguna en contrario que acredite que los precios son excesivos o no reales". Esta es la tesis que seguirá manteniendo Pascual para recurrir la resolución de Competencia y que en caso de ganarlo supondrá un serio varapalo para los intereses de la Junta.