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Provincia de Cádiz

Las críticas a la subida de las tasas desatan una nueva guerra de cifras

La protesta comenzó en la calle. Pancartas contra la subida aprobada en las ordenanzas fiscales del próximo ejercicio -y especialmente en rechazo al incremento del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) en un 6 por ciento- recibieron al alcalde, Manuel de Bernardo, al llegar al pleno que se celebró a primera hora de la mañana de ayer en la Casa de la Cultura.

Y luego continuó durante la primera parte de la sesión. Casi medio centenar de representantes vecinales adscritos a la federación Isla de León mostraron su rechazo con carteles que desplegaron en la parte habilitada al público.

A los tres cuartos de hora de debate, los vecinos abandonaron la sesión sin esperar a que la Corporación abordara el punto del orden del día -una moción del grupo socialista- en el que precisamente se iban a tratar las subidas aprobadas hace un mes. Aunque la protesta discurrió en silencio y en un tono bastante moderado que no llegó a crispar el debate, sí hubo que lamentar un incidente aislado cuando, a petición del concejal popular Pascual Junquera, el alcalde ordenó a la Policía Local que obligara a un vecino a desalojar la sala por un supuesto insulto al edil.

El pleno, centrado casi en su mayoría en asuntos de trámite que ni siquiera merecieron el debate político, volvió a la más absoluta normalidad -y aridez- cuando la protesta vecinal se esfumó.

Pero antes siquiera de que el portavoz socialista, Fernando López, comenzara a defender la moción en la que solicitaba la revisión de la subida de los impuestos que se aprobó en octubre para aplicar un porcentaje equivalente a la tasa interanual del mes de septiembre -de un 2,7%-, De Bernardo tomó la palabra para advertir de que la aprobación inicial de las ordenanzas fiscales se encontraba actualmente sometida a exposición pública y, por tanto, sujeta a cualquier alegación que se quiera formular hasta el próximo día 12. El regidor alentó al grupo socialista a que retirara su moción y a que presentara las correspondientes alegaciones -que posteriormente tendrán que resolverse en el pleno- siguiendo así los cauces legales apropiados. López Gil declinó la petición y defendió su propuesta, en la que llegó a calificar de "excesiva, inapropiada y sangrante" la subida. No hubo réplica y, por tanto, tampoco debate. Los votos de PA y PP rechazaron la moción del PSOE.

La reacción llegó después, al finalizar la sesión, en forma de declaraciones de los portavoces del Gobierno municipal en materia económica: la delegada de Economía y Hacienda, Mercedes Espejo (PA), y el cuarto teniente de alcalde, Alfonso González Nantes (PP).

Ambos, acompañados del delegado de Presidencia, Francisco José Romero (PA), reiteraron los argumentos defendidos por el alcalde en el pleno y recordaron que las ordenanzas estaban todavía en fase de alegaciones y, por tanto, sujetas a cualquier propuesta que se quiera realizar tanto desde el PSOE como desde el movimiento vecinal.

El bipartito PA-PP defendió la subida aprobada amparándose en el informe del interventor, que solicitaba expresamente al Ayuntamiento que incrementara sus ingresos para no aumentar el déficit municipal. Espejo y Nantes aludieron a la desproporcionada subida de la cesta de la compra y del IPC, que ha alcanzado en noviembre el 4,1 por ciento y que para diciembre se prevé llegue hasta el 5 por ciento. "La subida aprobada es de un 3,5 por ciento, por debajo del IPC actual", señalaron los dos concejales.

Al referirse a la subida del 6 por ciento prevista para el IBI, ambos recordaron que ésta supondrá 20 euros para el bolsillo de los ciudadanos. Pero -afirmaron- si se aplica la subida del IPC al 3,5 por ciento, la diferencia que resulta es tan sólo de 8,45 céntimos. El bipartito aludió así a las mejoras previstas en las inversiones del próximo año y, en palabras de González Nantes, se mostró dispuesto a asumir el "coste político" que supone este incremento. Por su parte, Espejo acusó al grupo socialista de "intentar manipular al movimiento vecinal".

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