El Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Cádiz rechazó ayer cualquier uso indebido de una tarjeta sanitaria y señaló la dificultad que tienen los profesionales para saber si la tarjeta que se están utilizando es de una persona fallecida.

Su presidente, Felipe Trigo, aseguraba que desconocía la operación Pócima más allá de lo visto en los medios y que no podían hacer por ello ninguna valoración. Pero sí, dentro del marco general, manifestaba, a preguntas de este periódico, la dificultad que tienen los profesionales para detectar un fraude así y pedía que se agilizaran los mecanismos para dar de baja en las bases de datos a las personas fallecidas.

Trigo puso de ejemplo que hay muchas personas impedidas y que son sus familiares o cuidadores, o de sus residencias, los que vienen a la farmacia ante la imposibilidad del enfermo. "Si vienen por insulinas o pañales de incontinencia -ejemplificó- no tenemos posibilidad de saber si esa persona está fallecida". Los farmacéuticos trabajan con la Base de Datos de Usuarios (BDU) y si ahí no hay constancia de esa muerte, no hay otra manera de que los profesionales de la farmacia lo conozcan.

Por este motivo, desde el Colegio de Farmacéuticos aprovecharon para pedir que "se agilicen los mecanismos para dar de baja a una persona difunta en esa base de datos de usuarios". Esta sería una manera de evitar este tipo de supuestos fraudes, como el destapado por la operación realizada por la Guardia Civil.

El presidente de los farmacéuticos gaditanos quiso dejar claro que están en contra de cualquier uso indebido y fraudes con las tarjetas sanitarias.