regularización del extrarradio

Sin consenso en los primeros compases

  • Los representantes vecinales manifiestan su "desilusión" ante la ordenanza aprobada finalmente

Reunión mantenida esta semana por representantes de las diferentes asociaciones vecinales del diseminado. Reunión mantenida esta semana por representantes de las diferentes asociaciones vecinales del diseminado.

Reunión mantenida esta semana por representantes de las diferentes asociaciones vecinales del diseminado. / nacho frade

Alrededor de 25 años llevan los vecinos del extrarradio de Chiclana pendientes de una posible regularización de sus viviendas, un proceso que ahora, con la reciente aprobación en pleno de la ordenanza que debe regular dicho proceso, podría impulsarse de forma definitiva. Durante todo este tiempo, afirman representantes de diversos colectivos vecinales de las distintas zonas del diseminado chiclanero, "se han producido muchas idas y venidas, promesas incumplidas, mucha desinformación... pero muchas ganas por parte de los propietarios de que se ofrezca una solución a esta problemática que afecta a alrededor de 16.000 viviendas y parcelas en la localidad".

En estas últimas semanas, lo que parecía un buen comienzo para empezar a ver la luz al final de este farragoso túnel, con la aprobación definitiva de las ordenanzas para el desarrollo, gestión y ejecución urbanística de las áreas de Regularización e Integración Urbano Ambiental -popularmente conocidas por Ordenanzas de Regularización- finalmente parece que no será un camino de rosas, tras las últimas valoraciones en contra de dicho documento por parte de la plataforma que aglutina a algunos de los colectivos vecinales implicados en este proceso.

Las asociaciones vecinales constituirán una federación que represente a todo el diseminado

Asi lo corroboraban algunos de estos representantes vecinales a este medio durante la reunión mantenida el pasado jueves por parte de los portavoces de las diferentes asociaciones de vecinos, entre los que se encontraba Joaquín González, presidente de la Plataforma de Vecinos Afectados por la Regularización de Viviendas, José Galván, representante de Los Llanos-Las Maravillas, Eduardo Gómez, presidente de Cotín-Rana Verde, Vicente Fontino, de la asociación Pinar de los Guisos, José Luis Carrascal, de Pago del Humo, Paco Brea y Paco Navas, de Chiclana Este-Pago del Humo, Manolo Pérez, de Chiclana Norte, Gerardo Van Ravesteyn, de la asociación de vecinos Pelagatos.

En este sentido, entre los contratiempos que dichos representantes vecinales aseguran estar encontrándose a lo largo de este complejo proceso están la "desilusión por la falta de compromiso del Ayuntamiento actual". Así, los portavoces manifiestan su desacuerdo con el texto final de la Ordenanza, y en concreto, "con dos de los puntos que no se han resuelto como se había acordado previamente", afirman.

Por un lado, aunque aseguran que "en estas Ordenanzas había algunas cosas que no les parecían bien, era de lo mejor que se podía aprobar y llegar a consenso. Pero cuando ya se ha aprobado y hemos leído el texto ha habido dos alegaciones del grupo ecologista con las que estamos en contra".

El primero de estos puntos a los que se refieren es el relacionado con el cierre de los pozos de abastecimiento. Según explican los portavoces, "la Ordenanza nos obliga a que, para poder contratar agua potable, tenemos que cerrar nuestros pozos y no estamos dispuestos a ello. Necesitamos los pozos para regadío de los terrenos y es un desperdicio que se utilice agua potable para ello". Así, desde la plataforma inciden en que dichos pozos extraen el agua del suelo y no la usan para uso doméstico, sino para regar sus terrenos.

En lo que sí parecen estar de acuerdo es en el cierre de las fosas sépticas, también conocidas como pozos negros. Dichas pozas, que se utilizan para aguas residuales, quedarían inservibles una vez que se suministre a todos los vecinos los servicios básicos.

En cuanto al otro punto de discordia tras la aprobación definitiva de la ordenanza, la supresión del artículo 10.1.3 que contempla la reinversión de los recursos derivados del 10% del aprovechamiento medio de las obras de regularización de las ARG, los representantes vecinales aseguran que "en su momento se les prometió que ese dicho dinero invertido por los vecinos se destinaría a la primera fase de la urbanización, que contempla los trabajos para dotar de suministros básicos a las viviendas". Según afirman los vecinos, "finalmente este 10%, según tenemos entendido, se destinará a otros fines diferentes a los que se acordaron", de ahí su malestar y el rechazo a este cambio.

No obstante, y como el propio equipo de gobierno aseguró días atrás en relación con las críticas realizadas por la Plataforma a los cambios introducidos en la ordenanza, cabe recordar que desde la Delegación de Diseminados se defendió que estas modificaciones habían sido consensuadas con los representantes vecinales en una reunión en la que también estuvieron los técnicos encargado, argumentando además que se trata de cambios impuestos por la ley y que son de obligado cumplimiento en virtud de las alegaciones presentadas al documento inicial.

En este punto, la conclusión que se obtiene al hablar con los representantes vecinales en los primeros compases de este complejo proceso, como ellos mismos argumentaban, es una "falta de comunicación desde el propio Ayuntamiento con todos los portavoces de las diferentes zonas". "Somos alrededor de 16.000 viviendas y cada familia tiene su particularidad. Poner de acuerdo a todos con términos que en ocasiones no entendemos nosotros va a ser una tarea difícil en la que tendremos que realizar numerosas reuniones y asambleas", afirman los portavoces.

Los siguientes pasos a seguir desde la Plataforma, según explican, estarán encaminados en hacer ver al Consistorio la unión de todas las asociaciones implicadas en este proceso a través de una federación de asociaciones del diseminado. Asimismo prevén solicitar diferentes reuniones con el alcalde, una vez realizado un estudio en profundidad de la Ordenanza, cuya publicación está prevista en septiembre.

Finalmente, los representantes vecinales también lanzan un mensaja claro encaminado a garantizar que están "dispuestos a realizar un pago inicial para la regularización, siempre que se nos garanticen servicios básicos a un precio razonable", matizan.

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