La estatua del general Varela puede desaparecer del puesto privilegiado que ocupa en la Plaza del Rey si la Junta de Gobierno Local finalmente tiene en cuenta las consideraciones que la comisión municipal para la retirada de simbología franquista incluye en un informe concluido hace tan sólo unos días.

Dicho monumento, junto a lápidas conmemorativas, nombres de calles e incluso nombramientos por parte del Ayuntamiento de la época, han sido sometidos al análisis de dicho grupo encabezado por el jefe del Archivo Municipal, José Luis López Garrido.

El resultado ha sido un exhaustivo estudio que, como el principal responsable del mismo recalca, recoge propuestas, no decisiones definitivas. La última palabra, tanto del futuro que le aguarda a la estatua de Varela como al resto de elementos estudiados, lo tendrán los responsables políticos, siempre en aplicación de la nueva Ley de Memoria Histórica que el Gobierno de Zapatero aprobó en la pasada legislatura.

Aunque se han tenido en cuenta las connotaciones populares de esta figura militar y el valor artístico de la obra, el monumento en recuerdo a Varela se levantó, según ha dictaminado la mencionada comisión municipal, "con el fin de glorificar el alzamiento militar franquista".

Así se contempla, al menos, en las actas de la junta pro-monumento al general Varela, de carácter municipal aunque formada por distintos colectivos sociales. De hecho, la estatua se erigió en los años 40, pocos años después de que concluyera la Guerra Civil, y se financió con donativos del propio pueblo isleño.

Podría creerse en un principio que el momento de popularidad alcanzado por este militar a raíz de su nombramiento como Hijo Predilecto de San Fernando en el año 1923 pudo ser el motivo de que se decidiera construirle una estatua. Pero este acontecimiento queda demasiado lejos -más de veinte años antes- con respecto al de colocación del monumento.

La estatua de Varela, además, fue un encargo del propio general al escultor Aniceto Marinas García, autor también del monumento a Las Cortes de Cádiz o el de Velázquez instalado a la entrada del Museo del Prado, en Madrid.

No obstante, la estatua del general Varela no es el único elemento que la comisión municipal considera vinculado al régimen franquista. También lo están, a juicio de sus conclusiones, los nombres de once calles del nomenclator y cuatro lápidas conmemorativas.

Entre los nombres de calles que tendrían, por tanto, que modificarse en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica figuran algunos como Batalla del Ebro -en la barriada de La Casería-, Ricardo Isasi (e Ivisón) -también en La Casería- y Ricardo Olivera (Manzorro) -en La Ardila-, éstos dos últimos militares golpistas y muy relacionados en el movimiento franquista.

Algunos nombres de calles, más que eliminarlos, proponen que se cambien en parte. Es el caso de las calles Alcázar de Toledo y Castillo de Olite, que denominan el escenario de una hazaña bélica de Franco y un barco en el que se libró una importante batalla respectivamente, pero también son monumento nacional y una embarcación española, de forma que añadiendo estas apostillas a los rótulos con los nombres de las calles sería suficiente.

Mención aparte merece la retirada de seis honores o distinciones de la época. Entre ellas, las de Hijo Adoptivo a Ricardo Isasi e Hijo Predilecto a Ricardo Olivera así como las concedidas al propio Francisco Franco.