“Yo ya lo advertí. Esa ayuda era una bomba para mi hermana”. Es el lamento de denuncia de una familia de Algodonales, que ha iniciado su particular lucha para que se establezca un protocolo que regule las ayudas públicas que se conceden a personas con problemas de adicciones para que no contribuyan a fomentarlas. Los familiares piden que se haga un seguimiento y se tutele la gestión del dinero para que estos afectados no dispongan ellos mismos de él.

“Somos hermanos de una persona con una larga trayectoria de problemas de alcoholismo y drogadicción, situación ésta de la que pueden dar fe los vecinos de Algodonales, testigos agotados de tantas y tantas peticiones de dinero, de agresiones verbales…y muchas otras variantes a las que lleva el loco peregrinaje de una persona en la búsqueda de satisfacer su adicción. Verdaderamente les honra su compasión y paciencia (…). Somos una familia que ha tenido que soportar un largo calvario entre recaídas y recuperaciones de una persona que sufría un claro trastorno de bipolaridad y alternaba su inestable vida entre períodos de sorprendente lucidez y destructiva oscuridad”. Así arranca el estremecedor testimonio de Santiago Álvarez Párraga, quien denuncia la impotencia de los suyos tras saber que su hermana Yolanda, de 57 años, había recibido una nueva ayuda pública que, irremediablemente, contribuiría por desgracia, hace unos días, a financiar el peor de sus viajes.

Así su familia cuenta que a lo largo de los años “estas ayudas en nada la han beneficiado, muy por el contrario, la han ido matando. Salarios sociales, rentas activas del Inem, incluso la herencia de nuestros padres literalmente se ha bebido a nuestra salud y para perjuicio de la suya propia, enganchándose también al carro de la mortal heroína y no haciéndole ascos a ningún otro tipo de droga. Sin entrar en detalles dramáticos, que los hay y muchos, lo más difícil ha sido atenderla tirada desnuda en el suelo, envuelta en sus propios vómitos, pidiendo unas veces ayuda y otras la muerte ¡Cuántas veces una persona se ha convertido en un animal!”, describe, Santiago. Y explica que no todo estaba perdido y Yolanda se enconcontraba este último año luchando por recuperarse. “La hemos mantenido estable porque nos propusimos no tirar la toalla y porque ella, consciente de su estado y del cansancio de los demás, estaba poniendo mucho de su parte. Esta actitud firme de ella nos mantenía animados. Y les parecerá mentira pero con tan solo 150 humildes y milagrosos euros hemos ido atendiendo sus necesidades básicas, además de las reconfortantes comidas que mi hermana la mayor le suministraba cada semana o dos semanas”. Pero de pronto, añade Santiago: “¡oh terrible fatalidad! ¡Una nueva ayuda pública! Ésta llamada ahora Renta mínima de Inserción, concedida por la Junta de Andalucía. Cuando soy conocedor de que mi hermana es beneficiaria no tardé en exponer mi preocupación tanto a la técnica contratada para llevar el plan de inserción como al asistente social y a la concejala de Asuntos Sociales. Les hice saber que, como no impidiesen que ella dispusiera del dinero, de nuevo volvería a las andadas. Y efectivamente, como me temía, volvió a ocurrir. De nuevo estaba consumiendo esta ayuda en drogas y alcohol”.

Santiago denuncia que sin valoración previa de los riesgos, de golpe le ingresaron a Yolanda dos mil y pico euros de meses atrasados y se le garantizaba el cobro de más de 400 euros durante otros tantos meses. Y eso fue munición para el peor de los escenarios para una persona con adicciones. “Me dicen, para mi asombro y consternación, que no podían suspenderla porque reunía los requisitos”. Y se interroga Santiago: ¿A caso tuvieron en cuenta sus antecedentes a la hora de concederla? ¿Cómo no se valoró su largo historial de drogas y alcohol y se dio la voz de alarma? ¿Cuantas más personas como mi hermana pueden convertirse en presas mortales de estos regalos envenenados?”.  Tristemente a Yolanda se la encontraron muerta el pasado 9 de diciembre. Desde entonces, sus allegados han emprendido una lucha que elevarán a políticos, jueces, administraciones y a la sociedad para que se articulen mecanismos para impedir que sean los beneficiarios los que dispongan libremente del dinero y para que tutores o quiénes designen las administraciones gestionen el dinero en nombre de ellos