La Audiencia Provincial de Cádiz ha decidido echar atrás un caso de una banda de narcotraficantes acusada de distribuir hachís y de llegar a agredir “con violencia extrema” a un hombre en su propia casa para conseguir localizar un alijo desaparecido.

El tribunal de la Sección Cuarta ha anulado este martes parte de la investigación realizada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Chiclana y ha ordenado que este mismo juzgado reabra la instrucción del asunto, en concreto, la parte que atañe a los dos implicados en la detención ilegal de una tercera persona.

Para la Audiencia de Cádiz, la instrucción de la causa ha sido “farragosa”, por cuanto el juez instructor ha incorporado hasta cuatro diligencias diferentes (por delitos contra la salud pública, detención ilegal y lesiones) que, si bien están interconectadas, no han sido reagrupadas correctamente desde el punto de vista judicial.

Así, la presidenta del tribunal de la Sección Cuarta ha atendido a la petición de las defensas –una de ellas dirigida por el abogado sanluqueño Manuel Montaño– al considerar que los dos procesados por el secuestro no fueron plenamente conocedores de esta imputación durante la fase de instrucción.

Este asunto ya acumula un retraso considerable, pues los hechos se remontan al año 2010. Ahora, con la suspensión del juicio, las dilaciones del procedimiento serán aún mayores.

El origen

Este caso echa a andar a partir de una operación de la Guardia Civil denominada Toante. Los agentes intervienen 571 kilos de hachís, nueve turismos, una motocicleta, nueve embarcaciones, 29 teléfonos móviles, dos GPS y un revólver detonador modificado para poder usar munición real.

El dispositivo de la Guardia Civil se activa una vez que los investigadores tienen conocimiento de que un hombre ha sido secuestrado y agredido en su propio domicilio, en Conil, por un posible ajuste de cuentas. Este hombre habría participado en un transporte de droga desde Puerto Real, si bien al percatarse de la presencia policial, detiene el vehículo en la AP-4 y huye del lugar abandonando la sustancia estupefaciente.

Según los investigadores, en venganza por la actitud huidiza del encargado de trasladar el alijo, dos sujetos encapuchados acuden a su casa el 4 de octubre de 2010 con una pistola, un cuchillo y un mazo de goma. Apuntan a la víctima con un revólver, le atan las manos y los pies con bridas de plástico y le tapan los ojos con cinta adhesiva.

En ese momento, empieza un interrogatorio que se prolonga por cuatro horas. Los encapuchados quieren saber dónde está la droga y cada vez que obtienen una respuesta negativa de la víctima, le golpean las rodillas, los pies, las manos, el cráneo y el resto del cuerpo. La persona secuestrada pierde el conocimiento momentáneamente por el dolor infligido. Ante esta reacción, los agresores le arrojan agua fría y le echan vinagre en las heridas sangrantes abiertas.

Ante las respuestas negativas y evasivas que ofrece el perjudicado, los secuestradores se marchan y dejan a la víctima maniatada. No obstante, ésta logra soltar parte de las bridas y llamar a su hermana.

Las pesquisas practicadas a partir de estos hechos llevan a los agentes a descubrir la existencia de un grupo criminal que se dedicaba a introducir droga en las costas gaditanas procedente de Marruecos.