Casas ilegales en Chipiona

La alcaldesa dice que "incumplir una orden judicial de demolición conlleva pena de prisión”

  • Isabel Jurado exculpa al Ayuntamiento chipionero de los últimos derribos de viviendas aunque ha "intentado por todos los medios" evitar las demoliciones

La alcaldesa de Chipiona, Isabel Jurado, en una imagen de archivo. La alcaldesa de Chipiona, Isabel Jurado, en una imagen de archivo.

La alcaldesa de Chipiona, Isabel Jurado, en una imagen de archivo. / F.J.F.

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La alcaldesa de Chipiona, Isabel Jurado, dijo ayer que las demoliciones que se están produciendo en los últimos días en este término municipal “vienen dictadas directamente por un juez y por tanto son de obligado cumplimiento”. Jurado explicó que la orden de demolición se dirige en primer lugar a la persona afectada y al comunicar ésta que no tiene medios para derribarla, el juez ordena directamente a la Alcaldía que haga efectiva esa demolición.

En este sentido, la regidora chipionera explicó que una construcción ilegal es un delito medioambiental, y que este tipo de culpa se considera una responsabilidad penal “y por tanto tiene pena de prisión en caso de que no se cumpla una orden judicial al respecto”.

Jurado asegura que, aunque se trata de una situación “muy dura y difícil”, en el caso de que no se cumpliera la ley “sería yo quien tendría que ingresar en prisión por un periodo de seis meses por cada orden de demolición incumplida”. Y añadió que “aunque hubo un regidor –en clara referencia a anteriores alcaldes socialistas– que aseguró a algunos ciudadanos que no pasaría nada si construían de manera ilegal, los afectados sabían que estaban cometiendo un delito, y yo no tengo que entrar en prisión por un delito que no he cometido”.

No obstante, Jurado explicó que desde que entró en la Alcaldía “he intentado por todos los medios evitar las demoliciones, contratando un despacho de abogados especializado en estos temas e intentando salvarlas por varías vías pero al encontrarse algunas de ellas ya con órdenes de demolición ha sido completamente imposible”.

También recordó que no fue el actual equipo de gobierno quien envió los expedientes de las viviendas afectadas a la Fiscalía pero sí el que se ha encontrado con esta problemática, a la que han intentando dar respuesta por todos los medios.

Isabel Jurado recordó que la ordenación del territorio corresponde a la Junta de Andalucía “y es ella la que determina cuáles son las zonas de especial protección”.

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