Hernán Díaz Cortés vuelve al banquillo de los acusados. El que fuera alcalde de El Puerto por Independientes Portuenses (IP) desde 1990 hasta 2006 será juzgado, esta vez, por permitir la construcción de viviendas ilegales en una zona protegida de El Puerto conocida como 'El Barranco', que se encuentra ubicada en la Reserva Natural de Las Lagunas.

Dos ex concejales de Urbanismo acompañarán a Hernán Díaz en la banqueta de los procesados: Juan Carlos Rodríguez y Pedro Alamillos. La Fiscalía los acusa a todos de ser coautores de un delito de prevaricación continuado y pide para cada uno de ellos la pena de ocho años de inhabilitación para cargo público.

La fiscal apunta que los vecinos "parecían" haber llegado a un acuerdo con el equipo de gobierno

Tal y como recoge el escrito de calificación fiscal, los tres encausados, en el ejercicio de sus funciones en el Ayuntamiento de El Puerto, "omitieron las medidas necesarias para restaurar la legalidad urbanística vulnerada en la zona de 'El Barranco', incluida en el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía". Además, apunta la acusación pública, el Plan General de Ordenación del Territorio (PGOU) de El Puerto, en vigor desde marzo de 1992 y, por tanto, vigente a la fecha de los hechos, ya determinaba "la eliminación de las edificaciones ilegales, viario y vallados existentes".

La Fiscalía señala que desde finales de los años 80 se habían detectado en esta zona parcelaciones y construcciones ilegales, lo cual había sido puesto en conocimiento del Ayuntamiento por medio de una denuncia presentada por la Agencia de Medio Ambiente el 24 de octubre de 1988 . A partir de esa querella, se incoaron varios expedientes contra las edificaciones irregulares de El Barranco, si bien en el pleno del Ayuntamiento celebrado el 26 de abril de 1990 se acordó retirar este asunto de las viviendas ilegales del orden del día para que fuera la Agencia de Medio Ambiente la que actuara.

La asociación Ecologistas En Acción presentó el 24 de enero de 2002 un escrito ante el Registro Municipal del Ayuntamiento. En él denunciaba la urbanización ilegal existente en Las Lagunas y solicitaba la eliminación de las edificaciones.

En repuesta a esta reclamación, el acusado Pedro Alamillos, entonces delegado de Urbanismo, envió un escrito al colectivo ecologista el 7 de julio de 2002 en el que refería que "la administración municipal adoptaría la medidas necesarias para restaurar el orden jurídico urbanístico infringido". Pese a lo manifestado, "lo cierto es que no se acordó ni por Alamillo ni por el alcalde iniciativa alguna tendente a la demolición de las edificaciones existentes".

La única orden de derribo que se decretó, subraya la fiscal del caso, se refería a un único nuevo adquiriente y no al resto de vecinos instalados en la zona, "que parecían haber llegado a una entente con el equipo de gobierno".

La omisión de medidas que evitaran esta ilegalidad "se vio reforzada por la actuación de otro concejal de Urbanismo, Juan Carlos Rodríguez, quien en octubre de 2004 firmó 28 documentos en los que solicitaba a Endesa Sevillana que facilitase la contratación del suministro de energía a los vecinos de la aldea rural Pago Barranco "ante la necesidad de cubrir un mínimo de nivel de higiene y salubridad". Según sostiene la Fiscalía, esto contribuía "de manera decisiva" a la consolidación de las edificaciones ilegales.

Ecologistas en Acción volvió a presentar el 11 de marzo de 2005 una reclamación de responsabilidad ante el Consistorio portuense. "En este caso, no sólo no hubo actuación, sino que no se obtuvo respuesta", indica el Ministerio Fiscal, que reitera que "la omisión de medidas de restauración y la incoación de los correspondientes expedientes sancionadores persistió pese al apercibimiento efectuado por la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes con fecha de 31 de octubre de 2005".

Finalmente, el 25 de octubre de 2006, casi un año después del requerimiento realizado por la Junta de Andalucía, el ex edil Juan Carlos Rodríguez elevó al pleno una propuesta consistente en acordar la reactivación de los expedientes de disciplina urbanística de 1988 que el pleno de la corporación de 26 de abril de 1990 "dejó en la mesa sin resolver". En otro pleno celebrado el 3 de noviembre de 2006, "y tras una agria polémica acerca de si era competencia del delegado y no del pleno resolver dicha propuesta, Juan Carlos Rodríguez retiró el punto del orden del día y manifestó que el expediente se mandaría a la Delegación de Medio Ambiente de la Junta".