El gobierno de Marruecos aguarda expectante el fallo que hoy pronunciará el Tribunal de Justicia de la UE sobre la legalidad del acuerdo pesquero euromarroquí, pues un fallo contrario cuestionaría todos los acuerdos bilaterales y abriría una grave crisis diplomática. También afectaría negativamente a una parte importante de la flota pesquera de la provincia de Cádiz, que está pendiente de la decisión judicial.

El fallo del tribunal debe zanjar de una vez un asunto capital para la diplomacia y aun la esencia del estado marroquí: su soberanía sobre las tierras y las aguas del Sáhara Occidental, administrado por Marruecos desde 1975 pero que la ONU considera todavía "territorio no autónomo".

Una parte importante de la flota gaditana, pendiente del fallo

Los acuerdos pesqueros entre la UE y Marruecos desde 1988 -y los bilaterales anteriores entre Rabat y Madrid- han incluido las aguas del Sáhara Occidental, en cuyo banco se concentra la mayor riqueza pesquera. El Frente Polisario, que reclama la independencia del Sáhara, ha contestado históricamente la legitimidad de esos acuerdos, al principio sin éxito, pero en los últimos años sus argumentos sobre la "injusta" explotación de los recursos saharauis comienzan a abrirse paso.

En los acuerdos pesqueros, la cuestión de la explotación de los recursos saharauis se ha salvado en los últimos tiempos con un compromiso diplomático muy al estilo de la UE: con párrafos que obligaban a Marruecos a demostrar que una parte de la dotación financiera iba "destinada a la población local". La suma destinada al "apoyo al sector pesquero marroquí" en el actual acuerdo fue a parar en sus dos tercios a las dos regiones saharauis.

Pero el abogado general de la UE sostiene que "no es válido" porque la UE "incumplió su obligación de respetar el derecho del pueblo del Sáhara Occidental a la libre determinación".