Los trabajadores de Sociedad Anónima de Eléctrica Submarina (SAES) de San Fernando han anunciado que harán paros durante las próximas semanas para reclamar la equiparación salarial con respecto a otras empresas del sector, así como que se les sean abonadas las pagas por desempeño establecidas en el convenio colectivo y que nunca han cobrado. SAES es una empresa de capital público y privado que desarrolla tecnología en el ámbito de los sistemas sónar, guerra antisubmarina, protección y vigilancia marítima o simulación.

La delegación de personal de SAES detalla en un comunicado remitido ayer que a pesar de ser una empresa en parte pública, y de que en La Isla la mayoría de sus empleados trabajan desde hace 10 años en las instalaciones de Navantia, sus sueldos son muy inferiores a los del personal de esta empresa o de otras subcontratadas. Eso, insisten en al exponer su situación, cuando "el trabajo es exactamente el mismo" en proyectos como el submarino S-80, las corbetas de Arabia o las fragatas F-110 de la Armada.

Igualmente reclaman en sus reivindicaciones el cobro de la paga por desempeño establecida en su convenio colectivo desde 2013, y que no se ha abonado a la plantilla -una treintena en el centro de trabajo isleño-, al aplicárseles las leyes de reducción del déficit en el sector público.

Estos recortes, cuestionan, se traducen en beneficios para la empresa, cuya principal facturación además (en torno a un 80%) proviene de exportaciones al mercado internacional, y por lo tanto no depende del sector de la defensa española. "SAES ha tenido beneficios en los últimos años, por lo que la aplicación de estas leyes son injustas con la plantilla", insiste la representación, que incluso ha llevado un informe al Ministerio de Hacienda a través de su portavoz Ana Madrazo.

No es la primera vez que la plantilla llama la atención sobre sus condiciones laborales, a pesar de sus solvencia y de que se sostiene con fondos propios. Anteriormente, ayer lo recordaron, se han reunido con diputados como Javier Cano (C's) y Teófila Martínez y Alfonso Candón (PP) para buscar su apoyo. Sin embargo, nada se ha conseguido porque a fecha de hoy "la ley sigue impidiendo a la empresa que incremente su masa salarial", lamentaron al dar a conocer las movilizaciones.

Incluso la dirección, que parecía entonces dispuesta a pagar las cantidades establecidas en convenio, presentó recurso contra una sentencia favorable al abono de la paga de 2013. Los trabajadores piden que se retire antes de su deliberación en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) el próximo 28 de junio.