Agentes de seguros que venían prestando servicio a Mapfre han denunciado públicamente que en los últimos dos años esta compañía "ha despedido en Sanlúcar a cuatro de sus cinco delegados por una decisión unilateral de la empresa que ha afectado a casi 60 profesionales del sector, entre trabajadores y autónomos".

Esos cuatro delegados regentaban algunas de las oficinas con "las carteras más importantes de la provincia". El caso más relevante por número de empleados (cerca de 50) y de pólizas (más de 14.000) es el de la agencia de seguros Ramos Guerrero, que lleva 45 años trabajando en la zona y cuenta actualmente con oficinas no sólo en Sanlúcar, sino también en El Puerto, Rota, Chipiona y Trebujena. Otro caso es el del agente Jorge Díaz, que gestiona más de 3.500 pólizas y "ha obtenido varios premios a la mejor oficina de la provincia y en este último año ha figurado entre las 20 mejores oficinas de Andalucía y Extremadura". Con todo, la primera afectada fue Rosario Raposo, titular de la agencia La Marina, en septiembre de 2009, tras más de 15 años de servicio con casi 2.000 pólizas.

Los delegados que han decidido difundir su malestar responsabilizan especialmente de "la destrucción de la red local de oficinas de Mapfre en Sanlúcar" a su director, Juan Francisco Pavón. Básicamente, ha sido la "exigencia injustificada" de exclusividad comercial y laboral al servicio de esta compañía la que ha motivado estos "despidos". Así, por ejemplo, Mapfre no admitió que un sobrino del gerente de la agencia Ramos Guerrero, Fabián Ibáñez, "trabaje en otra empresa" del sector; ni tampoco que Antonio Bernal, marido de Rosario Raposo, titular de la agencia La Marina, abriera otro negocio de seguros; "dos prácticas que están totalmente amparadas por la ley y que no incumplen ningún aspecto de sus respectivos contratos". Pero en el caso de Jorge Díaz, que estaba al frente de la delegación del Barrio Alto, la "rescisión unilateral del contrato" hace poco más de dos meses se ha debido exclusivamente, según asevera, a que ha fundado y preside una asociación provincial de empresarios del sector de seguros. "Han vulnerado claramente un derecho fundamental recogido en la Constitución Española al actuar contra este compañero y otros delegados de la provincia por pertenecer a una asociación, algo increíble que ocurra en pleno siglo XXI", han denunciado.

Estos delegados, que no descartan organizar protestas públicas y recurrir a la vía judicial para "defender nuestros derechos", lamentan que "la empresa exige dedicación exclusiva a los agentes, que son autónomos, pagan su propia cotización y dependen sólo de una comisión por vender; y resulta que averiguamos que el director en Sanlúcar, que tiene un buen sueldo fijo, posee otras actividades empresariales, además de trabajar en Mapfre, con el consentimiento de la propia compañía". A este respecto, han asegurado que Pavón forma parte de dos empresas privadas.