"Se improvisaba sobre la marcha", llegó a decir el viernes el principal encartado en el secuestro del empresario Rafael Ávila, Luis Miguel Rodríguez Pueyo, ante el titular del Juzgado 4 de Sanlúcar, al cargo de la instrucción del caso.

El estafador sevillano, con múltiples antecedentes por estafa e incluso por secuestro, había reconocido previamente que él había tomado parte en el rapto de Ávila, si bien obligado por un grupo extranjero para el que tanto él como el secuestrado, según su versión, trabajaban blanqueando dinero en la localidad de la manzanilla. Y que lo hacían desde 2002, en connivencia con el alcalde de Sanlúcar. En esa época, el regidor era el fallecido Juan Rodríguez (PP). El que la Policía considera como el cerebro del rapto dijo que ese grupo de personas oriundas de países del Este le amenazaron de muerte a él, y a una hija y nietas suyas. Y por eso se vio obligado a secuestrar al sanluqueño, quien se había quedado con un millón de euros de ese grupo.

Como según su versión, a él le hacían responsable de esa deuda, él era el que debía encargarse de custodiar al rehén, al que secuestraron personas mandadas desde el Este por la banda, y de reclamar el rescate. Reconoció que él mandó dos cartas a la familia, una dejándola en Correo, en Jerez, y otra, en el bar El Frenazo .

Y acabó acusando a los dos supuestos guardianes del rehén. Raúl Brey, primo de Mariano Rajoy, y José Antonio Giles, de mentir. El primero, por decir que en el secuestro está involucrado su compañero de juergas, Manuel Ibáñez, el que fue demandado por Ávila por impago del local en el que montó un negocio de baratijas,. Y Giles (al que Pueyo paga a menudo a cambio de sus favores sexuales), al decir que el estafador estaba presente cuando Ávila fue introducido en el garaje usado como cuadra del chalé de Brey en el que estuvo cautivo.