Tribunales · Caso PTA

Pilar Sánchez, a la cárcel

  • El Supremo ratifica la sentencia que condena a la ex alcaldesa de Jerez a cuatro años y medio de prisión por conceder irregularmente una subvención a una empresa que compró suelo en el PTA.

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El Tribunal Supremo ha sido igual de implacable que la Audiencia  Provincial hace poco menos de un año. En cuestión de semanas, salvo que prosperen los recursos previstos, la ex alcaldesa socialista Pilar Sánchez deberá ingresar en un centro penitenciario para cumplir una pena de cuatro años y medio de prisión por la concesión irregular de una subvención  a una empresa para que adquiriera suelo en el Parque Tecnológico Agroalimentario (PTA). Junto a la de ella también ha sido ratificada la condena a la ex concejala María del Carmen Martínez, que tendrá que hacer frente a los dos años y medio que ya le impuso la Audiencia. No obstante, el Alto Tribunal no ha aceptado la petición realizada por la Fiscalía de que se tuviera en cuenta también un presunto delito de fraude administrativo, lo que hubiera supuesto un incremento de la privación de libertad hasta los cinco años y medio. 

 

Ayer se conoció el fallo de la Sala de lo Penal, aunque este se había firmado el pasado 24 de noviembre, donde rechaza todos y cada uno de los argumentos presentados por la defensa de ambas condenadas en su recurso de casación y ratifica lo ya apuntado por la Audiencia Provincial en febrero. Sánchez ha sido condenada por los delitos de falsedad en documento oficial, prevaricación y malversación de caudales públicos. La empresa beneficiaria fue la firma Tecnología e Innovación Sanitaria (Tisa), que adquirió suelo en el enclave agroindustrial para instalar una planta generadora y envasadora de oxígeno para uso industrial que no llegó a construir. La firma obtuvo en forma de subvención una reducción en el precio del suelo a pesar de que no cumplía con los requisitos para ser beneficiaria de la cuantía concedida pues no solo no tenía el perfil buscado para el enclave agroindustrial (estaba dedicada al sector hospitalario), sino que se falseó un informe para justificar la máxima ayuda económica, todo ello bajo supervisión de la ex alcaldesa y de la por entonces edil delMedio Rural, área de la que dependía este polígono. 

 

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo reitera que la ex regidora intervino activamente en el proceso para beneficiar de manera arbitraria a esta firma. Para empezar, recuerda que hubo un informe técnico que consideró que Tisa no tenía derecho a la máxima subvención. Ante esto, la alcaldesa citó al técnico para pedirle que tratara “con cariño” a esta empresa, lo que unido a una serie de “presiones” recibidas que, a juicio del Supremo, provenían del “entorno” de la Alcaldía, propició un segundo informe del mismo empleado municipal sobre la concesión de la ayuda, aunque en este caso no cambió de opinión. En ese momento, según la sentencia, la ex alcaldesa dio orden de que se modificara este segundo documento técnico y que fuera suscrito por el trabajador del Ayuntamiento Salvador Rubio, encargado de la viña del enclave y que no tenía cualificación necesaria —ya la Audiencia le condenó a un año y nueve meses de prisión—. 

 

Para el tribunal, ha quedado comprobado que Pilar Sánchez era  “consciente” en todo momento de que Tisa tenía una actividad “no compatible” con el parque y, por ende, no podía ser beneficiaria de la totalidad de la subvención. Así no solo se “falseó” el segundo informe sino que además se dio “celeridad a los trámites”, se concedió la ayuda sin que la firma la hubiera solicitado de manera formal y se incumplieron algunas de las condiciones de la compraventa, como los plazos, la cuantía y la forma de los pagos.

 

El tribunal es especialmente beligerante al explicar los hechos que sustentan el delito de falsedad de documento oficial. “La recurrente [Pilar Sánchez] conocía perfectamente la falsedad del informe suscrito por un funcionario subalterno que no era el autor del informe originario, después de que el informe inicial hubiese sido alterado de modo determinante”, apuntó. De este modo, la sala relata lo ocurrido: “La falsificación del informe se convirtió en un medio dispensable para alcanzar el fin interesado de conceder la máxima subvención a la empresa. Una vez fracasadas las gestiones amigables sobre el técnico competente para emitir el dictamen exigido por las normas aprobadas por la propia alcaldesa, (petición de que la solicitud fuese tratada “con cariño”), y también las presiones internas para que realizase un segundo informe más favorable (realizado, pero manteniendo en el fondo la puntuación inicial), era necesario desistir de la operación de conceder a esta empresa una inmerecida puntuación máxima, o manipular el informe cambiando su contenido esencial. Pues bien, esto último fue lo que se hizo”. 

 

Para la sala está claro que la ex alcaldesa, por “voluntad personal y su deseo imperioso de favorecer a Tisa” prevaricó porque prescindió del “informe técnico competente y lo sustituyó por un dictamen manipulado, firmado por un capataz, sin cualificación ni competencia para suscribirlo”. También considera que malversó caudales públicos porque la subvención “no fue destinada a la instalación de la empresa en el parque sino a que se ahorrase más de 100.000 euros al adquirir en propiedad una parcela que se iba integrar en su patrimonio”. Además, señala que incurrió en una conducta delictiva “al duplicar arbitrariamente la cantidad de la subvención a la que la empresa tenía derecho” por lo que “desvió fondos públicos de su destino y dispuso de ellos, como si fueran propios, en beneficio de la empresa adjudicataria”. 

La sala resume lo ocurrido de la siguiente manera:“Su actuación no se limitó a dictar una resolución manifiestamente arbitraria (prevaricación), permitiendo con ello que un tercero sustrajese caudales públicos que la alcaldesa tenía a su cargo por razón de sus funciones (malversación), sino que utilizó como instrumento la falsificación de un documento oficial”. Asimismo, el Alto Tribunal considera que María del Carmen Martínez participó activamente en el proceso para favorecer a Tisa, de ahí que también sea condenada.  

 

Por lo tanto, Pilar Sánchez está muy cerca de ser la segunda máxima autoridad jerezana del presente periodo democrático que acabe en prisión. Ya cumple condena Pedro Pacheco desde octubre del pasado año. 

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