El informe que hizo el interventor municipal, Juan Raya, sobre la deuda que el Ayuntamiento mantiene con la empresa concesionaria del servicio de limpieza bastó para anular la reclamación que interpuso el PSOE contra el presupuesto municipal de este año. Salvo el socialista, el resto de grupos dio por bueno lo dicho por el funcionario municipal para justificar que en la previsión de gastos para este año no se haya incluido partida alguna para hacer frente a este pago. En cambio, el PSOE sigue manteniendo que debe aparecer. Ayer, en un Pleno Municipal con carácter extraordinario, se quedó solo en el apoyo al recurso que presentó la pasada semana. Esto trajo como consecuencia que el presupuesto municipal ya se haya aprobado de forma definitiva y, por consiguiente, entre ya en vigor.

El interventor municipal sostiene, y así lo reiteró ayer, que no está acreditada una cantidad concreta puesto que no hay acuerdo entre el Ayuntamiento y la empresa concesionaria. El débito es con Sayse, filial de FCC, actual concesionaria del servicio. El adeudo, que data de los años ochenta, proviene del impago de los servicios que hizo la empresa debido a que el Ayuntamiento tenía entonces serias dificultades para cobrar la tasa de basura por las deficiencias que arrastraba el servicio de recaudación.

Sayse reclama el pago de unos 30 millones de euros. En cambio, el Ayuntamiento, hasta la fecha, sólo reconoce unos 17 millones. El resto está pendiente de que la empresa presente facturas o subsane las deficiencias y errores de los documentos de justificación. Juan Raya explicó ayer que hay unos 591.000 euros aproximadamente de la deuda que reclama Sayse que el Ayuntamiento no debe reconocer. Corresponde a un cantidad que reclama por el periodo que el servicio de limpieza fue intervenido por el Ayuntamiento. En cuanto a la deuda no acreditada, el interventor expresó su intención de que su departamento seguirá sin reconocerla mientras los justificantes no reúnan los requisitos legales. Por ello, advirtió de que se sigue trabajando para cuantificar la deuda exacta, los intereses de demora y establecer, así, un plazo de pagos para acabar con este débito histórico. Raya reiteró que el Ayuntamiento, al no tener claro aún lo que adeuda, no tiene la obligatoriedad de consignar económicamente una partida para hacerle frente. Corredera se encargó por parte del PSOE de defender la reclamación. En contra de lo dicho por el técnico municipal, insistió en que se había reconocido una deuda concreta en dos ocasiones. La primera vez fue en un pleno en 1998. A petición de la empresa se aprobó un deuda de 13,8 millones de euros. Por contra, el interventor puntualizó que este acuerdo estaba a expensas de las comprobaciones que debía hacer el departamento de contabilidad de la propuesta presentada por Sayse. Nunca se llegó a un acuerdo al respecto aunque se le pagaran a la empresa algo más de 3,7 millones de euros. La segunda ocasión donde hubo un supuesto reconocimiento, a juicio del PSOE, fue el año pasado cuando el concejal del Área Económica, David Páez, dijo en un pleno que había un débito de 24 millones de euros de los que 13,9 estaban fiscalizados. Corredera exigió ayer que se contemplara en el presupuesto de este año el pago de lo que se considera fiscalizado.