El PSOE de Cádiz y Ecologistas en Acción clamaron ayer contra el alcalde de Benaocaz, Juan María Mangana (PP), por oponerse al cumplimiento de una sentencia judicial de derribo emitida contra una edificación ilegal en el paraje de Tavizna. El lunes, fecha en la que estaba programada la ejecución de la sentencia, unos 200 vecinos de Benaocaz, acompañados por el regidor y su teniente de alcalde, María Luisa Sánchez Toro, bloquearon con decenas de vehículos la entrada a la finca para impedir el acceso de la maquinaria, y obligaron a Medio Ambiente a posponer el derribo.

El secretario general del PSOE gaditano, Francisco González Cabaña, exigió al presidente provincial del PP, José Loaiza, y al responsable del PP en Andalucía, Javier Arenas, que "cesen de manera inmediata" al alcalde de Benaocaz "si no quieren ser cómplices y encubridores de la vulneración de la legalidad urbanística".

Cabaña expresó en un comunicado su apoyo a la decisión de la Consejería de Medio Ambiente de comunicar al juez y a la Fiscalía los hechos ocurridos el lunes para que determinen la responsabilidad del alcalde del PP por su "obstrucción a la Justicia".

Ecologistas en Acción, por su parte, subrayó que es "inadmisible" que los que deberían hacer cumplir las leyes urbanísticas, es decir, los alcaldes, "sean los que amparan las ilegalidades llegando a impedir por la fuerza la ejecución de una sentencia" que ordena la demolición de una construcción ilegal en un suelo que el Plan General de Benaocaz clasifica como no urbanizable especialmente protegido y que, además, está incluido en el Parque Natural de la Sierra de Grazalema.

El portavoz de Ecologistas, Juan Clavero, tachó de "mal chiste" el hecho de que el alcalde de Benaocaz exija una licencia de obras para ejecutar la sentencia judicial y señaló que el argumento es "una mera excusa para seguir apoyando, por motivos electoralistas, a los que infringen las normar legales". "Más grave es aún la actitud del Ayuntamiento de Benaocaz si se tiene en cuenta que la teniente de alcalde, también presente en la concentración que impidió la demolición, es propietaria de una vivienda ilegal en la misma urbanización ilegal de Tavizna", acusó Clavero.

La casa rural pendiente de derribo en Tavizna está situada en la finca La Hedionda y arrastra un proceso judicial desde 2001 por carecer de licencia e invadir una vía pecuaria. Cuenta con 230 metros cuadrados en dos plantas a medio construir. La Junta y los ecologistas sostienen que el edificio es un hotel, aunque su propietario, Francisco Coronil, asevera que es "una casa grande que construyó para su familia".

La orden de derribo del edificio fue emitida en marzo de 2006 y la Junta de Andalucía está ahora dispuesta a hacerla efectiva de forma subsidiaria para restaurar el estado original de la parcela.

Ecologistas expresó su apoyo a Medio Ambiente pero recordó que "la permisividad de la Junta con el urbanismo especulativo y las construcciones ilegales es la que posibilita que se siga infringiendo la legalidad urbanística".

Para Clavero, el caso de Benaocaz vuelve a dejar en evidencia la actitud partidista del PSOE y de la Junta, que acusa al PP de amparar a alcaldes que desprecian la legalidad vigente pero defiende al mismo tiempo a ayuntamientos socialistas que han vulnerado las normativas urbanísticas, como ha sucedido en Grazalema o el anterior gobierno de Benaocaz. "El PSOE incluso ha apoyado al anterior alcalde de Grazalema imputado por la trama de corrupción urbanística desvelada a raíz de las numerosas denuncias interpuestas por Ecologista en Acción", recordó el portavoz ecologista.