El presidente provincial del PP de Cádiz y senador, Antonio Sanz, mostró ayer su temor ante la posibilidad de que el Ministerio de Fomento esté preparando una "privatzación encubierta" de la autopista Cádiz-Sevilla (AP-4) para cuando esta vía deje de ser de pago a principios de 2020.

Sanz se refirió así a la intervención del jueves en el Congreso del ministro de Fomento, José Luis Ábalos, que anticipó que empresas privadas se encargarían del mantenimiento de las autopistas que sean liberadas en los próximos años, entre las que está la AP-4. "Ábalos ya habla de transferencias a empresas privadas para el mantenimiento de autopistas, lo que nos hace pensar en una nueva concesión encubierta a partir del 1 de enero de 2020", apostilló Sanz.

El máximo responsable del PP en la provincia pidió igualmente al titular de Fomento "más claridad" porque, apostilló, "hemos pasado de anunciar una liberalización inmediata, completa y definitiva de la AP-4 a pedir que se abra ahora una reflexión profunda sobre la sostenibilidad futura de las autopistas en España".

Sanz, que animó a todos los diputados y senadores de la provincia a hacer un frente común por la liberación de la autopista, criticó igualmente que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, "se ha quedado muda" en este asunto, "cuando el PSOE prometió que liberaría la AP-4 en cuanto llegara al Gobierno sin esperar a finales de 2019".

Sobre la autopista también se pronunció ayer el deleado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis. El dirigente socialista dijo con claridad que el peaje de la AP-4 se terminará cuando acabe la concesión administrativa, añadiendo que la eliminación del peaje en una fecha anterior "conllevaría un coste económico elevadísimo en relación a ese corto periodo de tiempo".

Por otro lado, De Celis anunció que el 10 de septiembre se reunirá en Las Cabezas de San Juan (Sevilla) con los alcaldes de los municipios afectados por el peaje de la AP-4 y por el desdoble de N-IV. Sobre esta última obra dijo que el Gobierno ha tenido que acometer la modificación del contrato de adjudicación de las obras "ya que ese contrato que nos dejó como legado el Gobierno del PP no se adecua al coste real de las obras, por lo que tenemos que concretar este término con la empresa adjudicataria, lo que ha conllevado la ralentización de las mismas".