La oposición municipal en el Ayuntamiento de Villamartín respondió ayer al alcalde de Villamartín, el socialista José Luis Calvillo (PSOE), ante los recibos que la empresa Aqualia ha enviado a los vecinos para el pago de deudas atrasadas. La institución municipal se interroga sobre la naturaleza de estos recibos y ha argumentado hace un par de días que "según la base de datos tributarios, los vecinos de Villamartín no tienen ninguna deuda pendiente con la empresa del tiempo que explotó la misma el servicio".

El portavoz del Partido Andalucista (PA), Juan Luis Morales, dejó claro que la firma Aqualia actúa en base a una sentencia a su favor emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), con fecha del 30 de septiembre de 2008, ante el contencioso que el Ayuntamiento de Villamartín mantiene con la firma.

El PA refrescó ayer la memoria a los socialistas con dicha sentencia, en la que declara explícitamente "nulo" el famoso decreto del alcalde José Luis Calvillo, con fecha de 8 de febrero de 2005, por el que se suspendieron la emisión de dos recibos de agua de la mencionada firma.

Ahora, Aqualia materializa esta sentencia emitiendo facturas a los vecinos de los recibos que quitó el Ayuntamiento de la circulación y que se corresponden con el periodo del cuarto trimestre de 2004, según aclara el PA.

Además, dicho fallo del TSJA condena al Ayuntamiento de Villamartín al pago de los intereses legales correspondientes de esa operación y no a las costas.

Haciendo memoria, cabe recordar, que el Consistorio y la empresa que estuvo en su día encargada del servicio integral del agua tienen abierto dos demandas por dos recibos de agua.

Después de que el Ayuntamiento resolviera anular la concesión administrativa con Aqualia, esta firma tenía en el aire el cobro de dos recibos relativos a dos trimestres de prestación de servicios, que han sido el fundamento de ambas demandas.

Con el primer recibo, el TSJA ya se pronunció condenando al Ayuntamiento a pagar el importe total de los mismos que ascienden a 244.000 euros. El PA dice que la propia institución ha faltado al acuerdo de pago que llegó con la empresa después del fallo judicial y no ha abonado la cuantía.

Ahora Aqualia pretende cobrar el segundo recibo pendiente que es el motivo de las cartas recibidas por los vecinos.

El Ayuntamiento de Villamartín mantiene que se ha dirigido a los estudios jurídicos remitentes de las cartas y a la propia empresa para exigir explicaciones. "De no obtenerlas se plantearán las correspondientes acciones jurídicas por entender que el envío de estas cartas pudiera constituir un delito de exacciones ilegales o estafa", señaló a través de un comunicado hace dos días.