Distintos operadores jurídicos se han concentrado esta mañana a la puerta de los juzgados de San José, en Cádiz, en señal de protesta frente al acuerdo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de especializar a determinados Juzgados de Primera Instancia para que tramiten “de forma exclusiva pero no excluyente” los procedimientos sobre condiciones generales de la contratación.

Funcionarios, representantes sindicales y varios magistrados han mostrado su rechazo a esta propuesta que, según advierten, “va a colapsar aún más” la gestión de las demandas sobre claúsulas abusivas, perjudicando así tanto a los propios afectados como a los trabajadores de la administración de Justicia.

En el caso de la provincia de Cádiz, el Juzgado de Primera Instancia número 2 -ubicado en el edificio Los Balbos de la capital gaditana- ha sido el órgano designado para aglutinar desde hoy la tramitación de estos asuntos de cláusulas suelo.

La magistrada titular de esta sede, Isabel Cadenas, se ha mostrado contraria a la medida adoptada por el CGPJ por cuanto “no se ha reforzado a este juzgado ni con medios técnicos ni personales”. La juez ha criticado “el atasco” que va a ocasionar la presentación masiva de demandas por cláusulas abusivas en un único juzgado. “Lo que antes podía resolverse en ocho o nueve meses ahora podrá tardar entre tres o cuatro años”.

Pablo Sánchez, juez decano de Cádiz y titular del Juzgado de Primera Instancia número 1 de esta ciudad, también se ha posicionado en contra del acuerdo del CGPJ y ha lamentado la ausencia de dotación técnica y personal para poder llevar a cabo las funciones encomendadas. Sánchez ha manifestado que asignar a una única sede judicial todos los procedimientos relativos a las condiciones generales de la contratación va a suponer un gran perjuicio para los demandantes, pues las resoluciones de estos casos se van a ralentizar aún más en el tiempo. El juez decano apunta también que a partir de ahora, cualquier afectado por cláusulas suelo tiene que desplazarse obligatoriamente a la capital gaditana, cuando antes podía realizar esta gestión en cualquiera de los 35 juzgados de primera instancia que operan en la provincia.

Sindicatos, como CSIF y STAJ, han criticado igualmente la falta de personal de refuerzo y equipamiento para asumir “el aluvión de demandas” que se están preparando en los despachos de abogados de toda la provincia. Los representantes sindicales advierten del paso atrás que se va a experimentar con el acuerdo adoptado del Poder Judicial: “Ahora volvemos a estar como hace dos años, cuando el Juzgado de lo Mercantil absorbía en exclusiva las demandas por cláusulas abusivas”.